La política argentina vuelve a estar en el centro de la escena internacional del fútbol tras la denuncia formal que la senadora Patricia Bullrich realizó ante la Comisión de Ética de la Conmebol contra los dirigentes Claudio Tapia y Pablo Toviggino, máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La denuncia, presentada en diciembre de 2025, acusa a ambos de estar involucrados en una serie de actos que podrían contravenir los principios de ética y transparencia establecidos por la organización sudamericana, en un contexto donde varias investigaciones judiciales revelan hechos de posible lavado de dinero, evasión fiscal y manejo irregular de recursos.

Bullrich, que en su retorno al Congreso Nacional prometió actuar duramente contra la corrupción en el fútbol, fundamentó su denuncia en múltiples hechos vinculados a una serie de operaciones económicas y patrimoniales de alto impacto.

Entre estos, se destaca la investigación en curso sobre la empresa Sur Finanzas, relacionada con Tapia, que habría sido utilizada como vehículo para lavar activos y realizar operaciones financieras ilícitas en el ambiente deportivo.

Desde hace años, el fútbol argentino ha sido escenario de escándalos económicos, incluyendo casos de lavado de dinero y evasión fiscal. La historia reciente del deporte en Argentina se vio marcada por investigaciones que involucran a clubes, directivos y empresas vinculadas a la gestión.

Entre los episodios más resonantes están las operaciones con vehículos de lujo, mansiones y cuentas offshore que en su momento también tomaron relevancia mediática y judicial, poniendo en duda la integridad del sistema.

En el marco de la denuncia, Bullrich señala que la gestión de Tapia y Toviggino podría estar vinculada a un red de conflictos de interés, contrataciones directas con empresas vinculadas, y el uso de sociedades interpuestas para ocultar bienes y operaciones económicas.

Por ejemplo, la adquisición y propiedad de una finca de 10 hectáreas en Villa Rosa, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, fue realizada a través de la firma Real Central SRL, cuyo control, según las investigaciones judiciales, podría estar en manos de testaferros que actúan en favor de la dirigencia de la AFA.

La propiedad, adquirida en 2017 por un exfutbolista y vendida en 2023 a una empresa proveedor de la misma AFA, fue posteriormente transferida a Real Central SRL, vinculada a personajes como Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

La finca cuenta con instalaciones de lujo, incluyendo un helipuerto, pistas deportivas y un haras, además, en los registros aparece una flota de 45 autos de alta gama —entre ellos Porsche, Ferrari, BMW y Mercedes-Benz— todo ello en clara contradicción con las condiciones económicas declaradas por los titulares formales.

Por otra parte, existen contratos directos firmados entre la AFA y empresas vinculadas a los dirigentes, como la contratación de Malte S.R.L. para la implementación del sistema VAR, por aproximadamente 510.000 euros. La empresa en cuestión mantiene lazos estrechos con allegados de Toviggino, incluyendo familiares y exfuncionarios, lo que alimenta las sospechas de conflicto de intereses y manejo irregular.

Asimismo, en otra línea de investigación paralela, la firma Sur Finanzas, relacionada con Tapia, habría operado en clubes argentinos realizando préstamos y operaciones financieras que podrían estar infiltradas con fondos de origen ilícito, generando dependencias económicas y comprometiendo la autonomía de los clubes.

Las investigaciones judiciales también han detectado un incremento patrimonial brusco e inexplicable en varias empresas vinculadas a la gestión, sumando bienes de alto valor que no corresponden con los ingresos declarados de sus titulares.

En los registros figura la posesión de numerosos vehículos de lujo, motocicletas de alta cilindrada y propiedades que, en conjunto, superan con creces las posibilidades económicas de los supuestos propietarios.

Además, las auditorías de la Inspección General de Justicia y de la Dirección General Impositiva han señalado irregularidades en la contabilidad y en el pago de tributos con montos que superan los 5.700 millones de pesos argentinos (unos 54 millones de euros), relacionados con la gestión de Tapia y su entorno, lo que representa un serio cuestionamiento a la transparencia en las finanzas del fútbol argentino.

La denuncia de Bullrich sostiene que estas conductas violarían los principios de ética, transparencia y responsabilidad que rigen tanto a la CONMEBOL como a la FIFA, y pide a la Comisión de Ética de la entidad sudamericana que investigue exhaustivamente a los responsables.

La organización tiene plena competencia para actuar, dado que los hechos supuestamente implican prácticas de corrupción, blanqueo y conflictos de interés que afectan directamente la integridad del fútbol sudamericano.

Este escenario evidencia que, pese a los esfuerzos de las autoridades argentinas por esclarecer los hechos, el sistema sigue enfrentando desafíos estructurales en su gobernanza y control financiero, que requieren una supervisión internacional más estricta.

La repercusión de estas investigaciones y denuncias podría tener consecuencias significativas en la credibilidad y en la regulación del deporte regional, abriendo un debate sobre la necesidad de mayores controles y transparencia en la gestión deportiva.