El Comité Olímpico Internacional contempla implementar normativas que impidan a mujeres transgénero y atletas con diferencias en el desarrollo sexual participar en competiciones femeninas, generando un fuerte debate sobre la equidad y la inclusión en el deporte.

Desde hace varios años, la inclusión de deportistas transgénero en categorías femeninas ha generado un intenso debate dentro del movimiento olímpico y el mundo del deporte en general.

La cuestión gira en torno a cómo garantizar un criterio justo y equitativo sin caer en la discriminación. Actualmente, cada federación internacional tiene la potestad de establecer sus propias reglas, lo que ha llevado a una gran variedad de normativas en diferentes disciplinas.

Recientemente, según informó el diario británico The Times, el Comité Olímpico Internacional (COI) está evaluando la implementación de nuevas regulaciones que serían aplicadas de manera unificada en todos los deportes.

La propuesta, que se espera sea anunciada en febrero del próximo año durante la reunión del Comité Ejecutivo del COI prevista en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, implicaría restricciones para la participación en disciplinas femeninas de deportistas que sean mujeres transgénero.

Además, incluiría a atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD).

El cambio en la postura del COI responde a un análisis profundo basado en estudios científicos realizados en los últimos meses. En 2021, el organismo había establecido que las mujeres transgénero podrían competir en categorías femeninas si respetaban determinados límites en sus niveles de testosterona.

Sin embargo, los avances científicos y los resultados de investigaciones recientes han puesto en cuestión esa política.

En una revisión realizada por el grupo de trabajo dirigido por Kirsty Coventry, quien asumió la presidencia del COI en junio pasado, se concluyó que la biología todavía otorga ventajas físicas a las mujeres nacidas como hombres, incluso tras tratamiento hormonal.

En una presentación científica a miembros de varias federaciones internacionales, Jane Thornton, directora médica y científica del COI, expuso evidencia que respalda la existencia de beneficios físicos que las atletas transgénero y aquellas con DSD podrían mantener, lo que aumentaría las desigualdades en la competencia.

El informe también señaló que estas diferencias fisiológicas podrían representar riesgos de seguridad y afectar la integridad de las competencias.

Algunas federaciones, como World Rugby y World Athletics, ya implementaron reglas restrictivas: la primera prohíbe a mujeres trans que hayan tenido pubertad masculina competir en eventos de elite, citando riesgos de lesiones, y la segunda impone límites estrictos de testosterona para atletas con DSD.

El caso de Caster Semenya, doble campeona olímpica, ha sido emblemático en estos debates. Semenya no puede participar en la prueba de 800 metros bajo las nuevas regulaciones, tras años de batallas legales.

El presidente del World Athletics, Sebastian Coe, ha manifestado públicamente que "la biología prevalece sobre la identidad" y que, en caso de conflicto entre equidad e inclusión, la prioridad será siempre la justicia deportiva.

Estas declaraciones reflejan la preocupación cada vez mayor por mantener la equidad en las categorías femeninas.

Por otro lado, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump firmó en febrero un decreto ejecutivo que prohíbe a mujeres trans participar en competencias femeninas en su país.

La medida busca extenderse a las próximas Olimpiadas de Los Ángeles 2028, generando controversia internacional y un debate sobre los derechos humanos y la justicia deportiva.

El desafío para el COI es alcanzar un equilibrio entre la inclusión y la protección de la igualdad en las competencias. La creación de un marco regulatorio unificado pretende ofrecer criterios claros y basados en evidencia, protegiendo así la integridad y seguridad de las atletas femeninas.

La decisión que tome en los próximos meses marcará un precedente en la historia del deporte olímpico, enfrentando el inevitable reto de armonizar ciencia, ética y derechos humanos en un escenario global cada vez más complejo.