La ciudad de Bengaluru ha sido el centro de atención en las últimas semanas tras la trágica estampida ocurrida el 15 de julio durante las celebraciones del primer campeonato de la Indian Premier League (IPL) obtenido por el equipo Royal Challengers Bengaluru (RCB).

La tragedia, que presuntamente fue causada por una multitud descontrolada, dejó un saldo de 11 personas fallecidas y más de 50 heridas, generando un fuerte impacto en la opinión pública y en las instituciones gubernamentales.

Supuestamente, la estampida ocurrió en las inmediaciones del estadio M Chinnaswamy, donde miles de aficionados se congregaron tras la victoria del equipo en una celebración que fue altamente promocionada en redes sociales y medios locales.

La multitud, que según informes preliminares oscilaba entre 300,000 y 500,000 personas, se acumuló en las calles cercanas, superando la capacidad de control de las autoridades y provocando el caos.

La controversia ha sido alimentada por la decisión inicial del gobierno de Karnataka de solicitar al Tribunal Superior que mantuviera en confidencialidad el informe oficial sobre el incidente.

Sin embargo, la Corte, en una resolución contundente, ordenó la publicación completa del reporte, argumentando que no existían fundamentos legales para justificar el secreto.

La decisión busca transparencia en un caso que ha puesto en entredicho la gestión de eventos masivos y la seguridad de los asistentes.

El gobernador de Karnataka, supuestamente siguiendo las directrices del tribunal, ha anunciado que la compensación para las familias de las víctimas se incrementará de 1,2 millones de rupias (aproximadamente 13,000 euros) a 3 millones de rupias (unos 32,000 euros), en un esfuerzo por brindar mayor apoyo en momentos de crisis.

Además, se ha ordenado que el informe sea entregado a las partes involucradas, incluyendo a la franquicia RCB y a la Asociación de Cricket de Karnataka (KCA), que aún aguardan detalles que serán revelados tras una exhaustiva investigación de la policía judicial.

Supuestamente, el equipo de RCB, junto con las autoridades de DNA Entertainment Networks, el socio organizador del evento, han presentado sus testimonios en el último mes.

Sin embargo, todavía no hay una fecha definida para la sentencia definitiva, que promete ser un punto de inflexión en la regulación de eventos deportivos en la región.

El 1 de julio, un tribunal administrativo de Karnataka, conocido como Tribunal Administrativo Central (CAT), realizó observaciones importantes respecto a la responsabilidad de la organización del evento y el control de la multitud.

El tribunal afirmó que la franquicia fue responsable de atraer a aproximadamente 300,000 a 500,000 personas, quienes participaron en una celebración que fue difundida ampliamente en redes sociales tras la victoria del equipo contra Punjab Kings, poniendo fin a una espera de 18 años para obtener la copa.

Presuntamente, el inspector general Vikash Kumar, quien también es Comisionado Adjunto de Policía en Bengaluru (Oeste), presentó una queja formal tras ser cesado por el Gobernador, en la que solicitaba una investigación sobre la gestión de la multitud.

El tribunal también criticó la falta de permisos regulatorios adecuados por parte de la franquicia, señalando que la misma había “generado un disturbio público”.

En medio de toda esta controversia, el director de marketing de RCB, Nikhil Sosale, fue arrestado y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, sin que hasta ahora haya realizado declaraciones públicas.

La franquicia, por su parte, anunció la creación de un fondo llamado “RCB Cares” para apoyar a las víctimas y sus familias, pero no se han emitido comunicaciones oficiales desde el día de la tragedia.

Supuestamente, las autoridades aún investigan si hubo negligencia por parte de los organizadores y si las medidas de seguridad fueron insuficientes para manejar una multitud de tal magnitud.

La comunidad deportiva y los seguidores del cricket en la India continúan atentos a los resultados de las próximas investigaciones y al impacto que esta tragedia tendrá en la regulación de eventos masivos en el país.

La gestión de la seguridad en grandes celebraciones deportivas vuelve a ser cuestionada, en un país donde el cricket es prácticamente una religión y las multitudes suelen ser impredecibles.