El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Miguel Ángel Osorio, ha solicitado la condena de antiguos jefes de Gabinete del gobierno argentino, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, por presuntos delitos de malversación y fraude económico relacionados con el programa estatal 'Fútbol para Todos'.

La investigación, que abarca desde agosto de 2009 hasta diciembre de 2015, apunta a graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados al fortalecimiento del fútbol profesional y los clubes locales.

Además, las acusaciones incluyen un reclamo para la devolución de aproximadamente 4.560 millones de pesos argentinos, unos 33 millones de euros al cambio actual, por fondos desviados.

El caso, que se ha presentado ante el Tribunal Oral Federal N°1, se remonta a las gestiones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsó la iniciativa del programa 'Fútbol para Todos' con el objetivo de brindar acceso gratuito a transmisiones deportivas mediante la utilización de fondos públicos.

Sin embargo, la investigación revela que, en realidad, parte de estos recursos fueron utilizados de manera irregular, desviados hacia fondos y entidades que posteriormente generaron beneficios personales para algunos involucrados.

El fiscal Osorio forma parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y ha señalado que los exjefes de Gabinete, en particular Fernández y Capitanich, habrían incumplido con sus deberes de control y supervisión, facilitando de este modo que los fondos públicos fueran desviados sin la debida fiscalización.

La investigación estima que estos fondos fueron utilizados en contratos de sponsoreo con empresas privadas, como IVECO, que pagaron precios sustancialmente menores a los establecidos en los acuerdos, beneficiándose de manera ilícita.

Por ejemplo, la firma de camiones IVECO, que en el contrato original debía pagar aproximadamente 56.850 euros por publicidad, abonó solamente unos 13.260 euros, lo que representa una diferencia de más del 75%, según datos de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este tipo de pagos en especie, sin justificación legal, fue uno de los principales focos de los fiscales, quienes también señalaron que los convenios y contratos se firmaron de manera irregular, favoreciendo a determinados beneficiarios en detrimento de las arcas del Estado.

Asimismo, la causa también investiga la participación de expresidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como Luis Segura y otros exresponsables, en conductas fraudulentas relacionadas con los fondos destinados a la organización deportiva.

Se les imputan delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, y se solicita que sean condenados a penas de prisión condicional, además de la restitución de los fondos desviados.

El procedimiento judicial también implica la recuperación de activos y bienes adquiridos con fondos ilegales, que en su mayoría están embargados y secuestrados en poder de las fundaciones y entidades implicadas.

Entre estas, destaca la Fundación 'El Futbolista', que habría recibido fondos sin contraprestación y en la que se identifican operaciones que resultaron en un daño patrimonial para los clubes y el Estado.

El aspecto crítico del juicio radica en la ausencia de controles efectivos durante la ejecución del programa, lo que permitió que estos desvíos ocurrieran y que algunos responsables permanecieran impunes durante años.

Los fiscales han referido que las irregularidades también incluyen la adjudicación de contratos de sponsoreo a empresas en forma irregular y por montos menores a los que correspondían, prácticas sancionadas por la Ley de Contrataciones Públicas argentina.

El proceso judicial seguirá su curso y el tribunal, tras escuchar los alegatos, ha dispuesto un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre. La causa sigue prolongándose, y se espera que en las próximas audiencias se concreten las imputaciones y las posibles condenas a los responsables, en un caso que ha generado gran controversia en el ámbito deportivo y político del país.

La sentencia definitiva pretende no solo sancionar a los involucrados, sino también establecer precedentes en la lucha contra la corrupción en la administración pública y el deporte en Argentina.