El mundo del arbitraje argentino atraviesa un momento de máxima atención, y las designaciones para los próximos partidos llegan, como de costumbre, de noche, cuando el día ya es historia y el cuerpo de jueces está a punto de cerrar un nuevo capítulo.

En medio de un contexto en el que varios árbitros están siendo investigados por posibles manipulaciones de resultados, se ha alimentado una sospecha profunda: forman parte de un expediente judicial que contiene pruebas que ya publicaron Clarín y otros medios.

Todo apunta a que la figura del VAR, que llegó para ayudar y regular, también se ha convertido en un refugio para ocultar enfoques poco transparentes en el seno del arbitraje.

Bajo este escenario, Federico Beligoy, el responsable del arbitraje en Argentina, habría decidido ocultar tras la pantalla del VAR a aquellos jueces denunciados por estafa y otras defraudaciones.

La decisión no es menor: metió a dos figuras de peso, Luis Lobo Medina y Fernando Espinoza, en las cabinas VOR de Ezeiza, para que desde allí, y a través de las imágenes, se intentara controlar lo que se ve y lo que no se ve en la cancha.

Se dice que el tucumano Lobo Medina cobró unos 400 mil pesos en 2021 para favorecer a Tigre, el equipo ligado a Sergio Massa, en un choque frente a Mitre de Santiago del Estero.

Las conversaciones entre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y Juan Pablo Beacon, su exmano derecha, sugieren que aquel árbitro debía pasar a buscar ese dinero a Lavalle 1718, 4 C, un lugar que en el argot de la casa se conoce como la Rosadita de la AFA.

Este tipo de indicios da pie a una lectura más amplia sobre la gestión de la credibilidad en el fútbol argentino.

El caso no se reduce a un único árbitro. El mendocino implicado aparece en dos investigaciones: primero, en un chat en el que confesaba haber cobrado un córner inexistente a favor de Arsenal para beneficiar a Racing; después se supo de una transferencia de Malte SRL por 1.400 dólares. Esta empresa fue la misma que en 2021 fue contratada por la AFA para la implementación del VAR, y que en 2023 adquirió la mansión de Pilar que pertenecía a Carlos Tevez; en 2024 se vendió a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, a quienes la Justicia vincula como testaferros de Toviggino.

Un hilo que entrelaza tecnología, dinero y supuestos favores.

En la agenda de la semana, Lobo Medina estará frente a la pantalla en Argentinos Juniors-Banfield, que se disputará el lunes a las 19 en La Paternal.

Espinoza, por su parte, será el VAR en Aldosivi-Estudiantes de Río Cuarto, que se jugará el sábado en Mar del Plata. Adrián Franklin continuaría en el VAR, a pesar de que la semana pasada no advirtió a Facundo Tello de un penal extraordinariamente polémico a favor de Huracán frente a Barracas Central.

Beligoy lo respaldó y lo colocará al mando de la tecnología en Gimnasia de Mendoza-Vélez, con Álvaro Carranza como árbitro principal.

Este episodio proyecta un signo de pregunta sobre la plantilla arbitral de la Liga Profesional: ¿hay hueco para que se repitan conductas que minen la confianza? A nivel de plantilla, el santafesino Jorge Nelson Sosa aparecerá como AVAR en Rosario Central-Atlético Tucumán, tras figurar en un chat sospechoso; y Emanuel Ejarque, quien no dirigirá este fin de semana, habría recibido al menos ocho pagos entre mayo de 2021 y febrero de 2022 por un total de 362.000 pesos, cifra que en su momento equivalía a unos 3.800 dólares. Solo participó, de forma puntual, en dos encuentros de Primera: Aldosivi-Unión en 2015 y Arsenal-Vélez en 2017, y en otro momento fue cuarto árbitro de Unión-Central Córdoba.

La denuncia presentada por el diputado Facundo Del Gaiso sitúa estas conductas en los delitos de estafas y otras defraudaciones, tipificados en el Código Penal.

La causa está en manos de Ariel Lijo, subrogante en el Juzgado Federal Nº11, e investiga el fiscal Carlos Stornelli. Más allá de los nombres y las cifras, lo que está en juego es la confianza del aficionado en un sistema que, con la llegada del VAR, prometía mayor claridad y justicia en el juego, y que, sin embargo, ahora se ve empapado por acusaciones, chats y documentos que apuntalan la sospecha de que no todo es tan transparente como debería.

Beligoy, además, figura en el centro de la tormenta: no solo por los chats que comparte con Beacon, sino por su rol como ejecutor de Tapia dentro del arbitraje.

El escándalo se extiende a otros nombres que ya se han enfrentado a decisiones controvertidas, como Bruno Amiconi, quien cobró un penal fuera del área en Los Andes-Temperley, y cuyo sobrino, Sebastián Martínez, dirigirá Lanús-Platense; el propio Beligoy habría protegido a su primo en el VAR de Defensa y Justicia, pero el regreso a la actividad está en marcha.

Julián Beligoy, hijo del jefe de los árbitros, tendrá dos assignaciones este fin de semana: será cuarto árbitro en Gimnasia de Jujuy-San Martín de San Juan (Primera Nacional) y en Dock Sud-Sportivo Italiano (Primera B).

El hecho de que el hijo del mando gane doble, en palabras de los protagonistas, añade un ingrediente extra a la discusión sobre nepotismo y controles internos.

La realidad es contundente: no sobran árbitros para la Liga Profesional, y las historias desde el VAR han despertado un debate que no puede quedarse solo en los titulares.

Muchos colegiados de la categoría de Ascenso se conformaron con compartir un par de entradas para ver Argentina-Zambia, como símbolo de una justicia deportiva que aún no ha encontrado su equilibrio definitivo.

En definitiva, este fenómeno exige un escrutinio profundo y, sobre todo, cambios estructurales que devuelvan la confianza a un deporte que, ante todo, debe ser limpio y claro para todos los aficionados.