La Agencia Tributaria de Cataluña revela que en 2024 se lograron detectar delitos fiscales por un valor de aproximadamente 2.700 millones de euros, evidenciando una mayor eficiencia en la gestión de datos y controles más rigurosos.
En el año 2024, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha informado sobre la detección de fraudes fiscales por un valor cercano a los 2.700 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,15% en comparación con los 2.600 millones de euros descubiertos en 2023. Desde 2015, la entidad ha logrado aflorar un total de aproximadamente 20.700 millones de euros en concepto de fraudes, demostrando una tendencia creciente en la lucha contra las irregularidades tributarias.
Este notable incremento en las cifras reflejaba en parte una mejora en los métodos y tecnologías aplicadas por la ATC, que ha optimizado el análisis de datos y ha reducido el número de actuaciones necesarias para detectar irregularidades.
La eficiencia en la gestión de la información ha permitido identificar una cantidad mayor de fraude con menos recursos, contribuyendo a una mayor recaudación y a una economía más transparente.
El origen del fraude detectado en 2024 se distribuye de la siguiente manera: el 42%, equivalente a aproximadamente 1.135 millones de euros, proviene del impuesto sobre sucesiones y donaciones; el 33%, unos 890 millones de euros, corresponde al impuesto sobre el patrimonio; y el 23%, que suma unos 620 millones de euros, está relacionado con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El restante 2% del fraude, cercano a los 54 millones de euros, corresponde a otros tributos.
Un aspecto relevante en la lucha contra el fraude es el control sobre cambios ficticios de residencia. En 2024, la ATC realizó 56 liquidaciones en este ámbito, logrando detectar un fraude de aproximadamente 15,5 millones de euros. De estos, unos 8,5 millones se pretendían justificar fingiendo residencia en otras comunidades autónomas, mientras que otros 7 millones estaban vinculados a residentes en el extranjero.
Adicionalmente, la agencia ha llevado a cabo ocho liquidaciones relacionadas con bienes y activos no declarados pero situados en el extranjero, que en conjunto ascendieron a unos 300.000 euros. Estos controles forman parte de las estrategias de la ATC para combatir la evasión fiscal internacional y potenciar la transparencia en la declaración de patrimonios.
El aumento en la detección de fraudes en Cataluña en los últimos años se enmarca en una tendencia nacional e europea de fortalecer los mecanismos de control tributario.
Desde que la Unión Europea iniciase campañas de cooperación fiscal y lucha contra el fraude en la década del 2010, países como Cataluña han reforzado significativamente sus recursos y capacidades tecnológicas para gestionar los datos y detectar irregularidades.
La lucha contra el fraude fiscal ha sido una prioridad para las autoridades municipales y regionales, que ven en estos avances un método eficaz para aumentar los ingresos públicos.
Además, estos esfuerzos contribuyen a reducir las desigualdades sociales y a fortalecer el Estado de bienestar mediante una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos.