En Cataluña, durante las últimas dos décadas, se ha producido una disminución de 100.000 hectáreas de tierras de cultivo. Esta situación ha llevado a la aprobación de una medida con el objetivo de frenar esta tendencia y promover la soberanía alimentaria en la región, al mismo tiempo que se busca contrarrestar el despoblamiento del territorio.

Para lograrlo, se ha implementado el Registro de Tierras de Cataluña, una herramienta que permitirá identificar las parcelas abandonadas, en desuso o en riesgo de estarlo.

Una vez identificadas, se promoverá su arrendamiento a precios asequibles durante un periodo mínimo de 7 años.

Esta iniciativa busca fortalecer el potencial productivo agroalimentario y contribuir a la conservación del mosaico agroforestal, un elemento clave en la prevención y reducción de incendios forestales.

Para llevar a cabo este proceso, se contará con la colaboración de instituciones y entidades del territorio, así como con la comunicación e información a los propietarios de las tierras.

La transparencia será un punto fundamental en la implementación de este sistema, el cual se regirá por un modelo de concurrencia competitiva.

Además, se priorizará el acceso a jóvenes y mujeres, favoreciendo su participación en la gestión y utilización de las tierras abandonadas.

El proceso de inscripción en el Registro será realizado por un colectivo de profesionales relacionados con la agricultura, quienes se encargarán de identificar las parcelas en desuso para incluirlas en el inventario correspondiente.

Una vez constatado que una parcela no cumple su finalidad agraria, se procederá a su inclusión en el Registro.

Para el arrendamiento de las parcelas, se establecerá una renta anual asequible para cada una de ellas. Posteriormente, se abrirá una convocatoria donde los interesados podrán presentar su solicitud, dándole prioridad a los jóvenes y a las empresas que se encuentren cercanas a las parcelas.

Finalizada la convocatoria, se adjudicarán las parcelas a los solicitantes seleccionados y se facilitará el contacto entre los propietarios y los nuevos arrendatarios para que firmen un contrato de alquiler.

En caso de que un propietario se niegue a alquilar la parcela que ha sido adjudicada a un solicitante, se le enviará un requerimiento. Si no se formaliza el contrato, se procederá a la expropiación temporal del derecho de uso de la parcela, respetando siempre el derecho de propiedad y permitiendo la obtención de rentas.

La Administración será la encargada de formalizar el contrato de expropiación, el cual tendrá una duración mínima de 7 años.