Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, ha presentado hoy en Bruselas su visión sobre la política de vivienda de la Unión Europea durante el pleno del Comité de las Regiones.

En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación creciente para muchos ciudadanos europeos, la representante castellano-leonesa ha insistido en la urgencia de implementar medidas que faciliten este acceso.

Durante su intervención, Blanco propuso que la política de vivienda de la UE debe incluir la movilización de suelo, tanto público como privado, así como un marco regulatorio que permita la construcción de viviendas más protegidas.

También hizo hincapié en la necesidad de rebajas fiscales para quienes buscan alquilar o comprar una vivienda, argumentando que estas medidas son esenciales para hacer frente al aumento descontrolado de precios y a la escasez de oferta.

La vicepresidenta reiteró que es crucial que las comunidades autónomas y regiones sean escuchadas, ya que son ellas las que gestionan los servicios más cercanos a la ciudadanía.

Esto, según Blanco, permitirá desarrollar políticas que realmente se adapten a las necesidades locales. La flexibilidad en la política de cohesión también fue un punto central en su discurso, donde abogó por una gestión más descentralizada de los fondos europeos, permitiendo que las regiones decidan cómo utilizar los recursos de acuerdo a sus propias realidades.

A lo largo de los años, el problema del acceso a la vivienda ha sido una constante en muchas regiones de Europa. Desde la crisis financiera de 2008, los precios de la vivienda han ido en aumento, lo que ha llevado a una situación crítica en la que muchas familias se ven obligadas a destinar una parte significativa de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

En este sentido, la propuesta de Isabel Blanco se alinea con la necesidad de un enfoque más integral que no solo contemple la financiación, sino también la gestión directa por parte de las regiones.

La vicepresidenta también subrayó que el reto demográfico es un factor que no puede ser ignorado. En comunidades como Castilla y León, donde la dispersión poblacional es notable, la prestación de servicios se vuelve más complicada y costosa. En este contexto, es fundamental que el reparto de los fondos de cohesión se realice teniendo en cuenta criterios demográficos que reflejen la verdadera vulnerabilidad de cada territorio.

Blanco concluyó su intervención afirmando que la futura Política de Cohesión de la UE, que se implementará a partir de 2027, debe ser innovadora y adaptativa.

Esto implica no solo abordar el acceso a la vivienda, sino también integrar aspectos de sostenibilidad y digitalización en el desarrollo de las políticas.

La historia ha demostrado que las políticas rígidas no funcionan; por lo tanto, se requiere una estrategia que evolucione con los tiempos y las necesidades emergentes de la sociedad europea.

Esto garantizará que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de calidad y a una vivienda digna, independientemente de su ubicación o del tamaño de su población.