El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participó recientemente en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, donde expresó su preocupación por la forma en que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.

Presuntamente, este documento fue elaborado sin un proceso de consulta previo con las comunidades autónomas, a pesar de que ellas son responsables directas de la gestión, ejecución y financiación de las políticas de vivienda en sus respectivos territorios.

Supuestamente, el Ministerio ha presentado el plan de manera unilateral, relegando a las comunidades a un papel secundario y sin ofrecerles espacios de participación reales.

La Junta de Castilla y León, junto con otras diez comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Murcia y las Islas Baleares, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, ha emitido una declaración conjunta en la que denuncian esta actitud y demandan un proceso de diálogo efectivo y respetuoso.

Históricamente, los Planes Estatales de Vivienda se han configurado desde un marco de consenso y cooperación entre el Estado y las comunidades, garantizando así una distribución de recursos y competencias que beneficie a los ciudadanos.

Sin embargo, el borrador actual, que fue dado a conocer apenas unos días antes de la conferencia, parece haber sido elaborado sin un trabajo técnico conjunto ni canales de participación adecuados, lo cual genera preocupación entre los gobiernos autonómicos.

Supuestamente, el documento ha sido presentado como si fuera definitivo, relegando a las comunidades a un papel de espectadoras, cuando en realidad son ellas las encargadas de ejecutar y cofinanciar las medidas de vivienda.

Desde Castilla y León, recalcan la importancia de respetar la Constitución y el reparto de competencias, que asignan a las comunidades un papel fundamental en la gestión de la vivienda.

El Gobierno autonómico también ha recordado que cerca del 70 % de la población y del territorio de España está bajo su responsabilidad, y que las decisiones en materia de vivienda deben reflejar una verdadera negociación que incluya sesiones técnicas y grupos de trabajo.

La Junta ha reiterado su compromiso de colaborar en la formulación de políticas de vivienda que sean efectivas, leales y orientadas a solucionar las necesidades de las familias, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Supuestamente, la vivienda es un derecho fundamental y una prioridad en la agenda de Castilla y León, que ya trabaja en líneas de acción dirigidas a facilitar el acceso a viviendas dignas para jóvenes, familias y personas en situación de vulnerabilidad.

La Junta también ha señalado que, en el contexto histórico de España, la colaboración entre el Estado y las comunidades en materia de vivienda ha sido clave para el desarrollo de políticas eficaces y para garantizar el acceso universal a este derecho esencial.

En conclusión, todos los actores implicados coinciden en que el éxito del Plan de Vivienda 2026-2029 dependerá de la voluntad del Ministerio de escuchar y negociar con las comunidades autónomas, respetando sus competencias y aportando recursos adecuados.

Solo mediante un proceso transparente, participativo y basado en el consenso se podrán diseñar soluciones que realmente respondan a las necesidades de la población y contribuyan a disminuir el déficit habitacional en todo el país.