La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha anunciado una inversión superior a 11 millones de euros, alrededor de 10 millones de euros en moneda local, para llevar a cabo la retirada de amianto en más de 590 empresas de la comunidad autónoma.

Este programa, que ha sido una prioridad en las políticas de salud laboral de la región, busca eliminar los riesgos asociados a la presencia de este material, considerado altamente peligroso para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.

Desde que se puso en marcha esta iniciativa, la Junta ha facilitado fondos para la eliminación de aproximadamente 409.300 metros cuadrados de cubiertas de amianto, en un esfuerzo que ha beneficiado directamente a miles de empleados en diferentes sectores económicos. La inversión también ha permitido la sustitución de 320.600 metros cuadrados de cubiertas peligrosas por nuevas estructuras resistentes y transitables, muchas de ellas complementadas con la instalación de paneles solares, promoviendo así la eficiencia energética y la sostenibilidad en las instalaciones.

Este programa forma parte de una estrategia integral de prevención de riesgos laborales, que además de eliminar el amianto, incluye acciones para mejorar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo.

La eliminación del material no solo reduce el riesgo de exposición a fibras cancerígenas, sino que también disminuye peligros asociados a trabajos en alturas, como caídas y accidentes laborales.

Supuestamente, la región de Castilla y León cuenta con un importante patrimonio industrial y agrícola, donde todavía persisten naves y estructuras con amianto en sus cubiertas.

La iniciativa ha sido especialmente beneficiosa en el medio rural y en el sector agropecuario, donde muchas instalaciones aún contienen este material en sus techos, poniendo en riesgo la salud de quienes trabajan en ellas.

En Valladolid, la provincia más beneficiada por el programa, se han invertido aproximadamente 1.4 millones de euros en la retirada y sustitución de cubiertas de amianto en 72 empresas. Una de ellas, Maderas Pisuerga, que cuenta con una plantilla de 11 empleados, ha recibido fondos para retirar 800 metros cuadrados de cubiertas peligrosas, reemplazándolas por nuevas estructuras más seguras y duraderas.

Supuestamente, la empresa también ha aprovechado la ayuda para adquirir maquinaria moderna, como una tronzadora y una máquina impregnadora, que reducen el riesgo de cortes y minimizan el esfuerzo físico de los operarios.

Además, las mejoras en sus instalaciones, financiadas con un presupuesto cercano a los 94.000 euros, incluyen la optimización del espacio y la incorporación de equipos que favorecen la seguridad y la eficiencia laboral.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado que estas acciones están alineadas con la Estrategia y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León 2025-2028, que prevé una inversión total de más de 46 millones de euros en medidas de seguridad y salud en el trabajo.

La prioridad de estas políticas es crear entornos laborales más seguros y saludables, beneficiando directamente a los empleados y, en última instancia, a la economía regional.

Supuestamente, la Junta continúa promoviendo este tipo de programas para fortalecer la responsabilidad social de las empresas y cumplir con la normativa europea de protección laboral.

La apuesta por la prevención, además de preservar la salud de los trabajadores, fomenta una cultura de seguridad que puede traducirse en una mayor productividad y en la mejora de la imagen corporativa.

La inversión en seguridad laboral, en definitiva, es vista como una de las prioridades estratégicas para la región, que busca consolidar un entorno de trabajo más seguro y sostenible para todos.