Las consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, junto con Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, han decidido intensificar las acciones de prevención, seguimiento y respuesta ante la posible llegada de la Peste Porcina Africana (PPA) a Castilla y León.

La medida surge en respuesta a los casos positivos detectados en jabalíes en la provincia de Barcelona, en Cataluña, una región que ha sido foco de atención por los posibles riesgos de propagación de esta enfermedad altamente contagiosa para los cerdos y jabalíes silvestres.

Supuestamente, la PPA no representa un riesgo zoonótico, es decir, no se transmite a las personas, por lo que la preocupación principal se centra en la protección del sector porcino y la fauna silvestre.

Sin embargo, la rápida expansión en otras regiones de España ha llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas rigurosas, incluyendo la intensificación de la vigilancia epidemiológica y el refuerzo de las controles en explotaciones porcinas y en el transporte de animales.

El virus de la PPA, que supuestamente se originó en África, ha sido un problema recurrente en países del continente africano durante décadas, pero en los últimos años ha comenzado a extenderse por Europa, poniendo en jaque a los sectores ganadero y ambiental.

La enfermedad puede provocar altas tasas de mortalidad en los ejemplares infectados, y su control resulta particularmente difícil debido a la dificultad para detectar y contener la propagación en la fauna silvestre.

La Junta de Castilla y León ha convocado varias reuniones con representantes del sector agrícola y organizaciones ganaderas para evaluar la situación y definir protocolos de actuación.

Entre las medidas, se contempla la intensificación de la caza de jabalíes, especialmente en las áreas próximas a explotaciones porcinas, con el fin de reducir la población y minimizar el riesgo de transmisión del virus en caso de que llegue a la comunidad autónoma.

Supuestamente, en los últimos años, la expansión de la PPA ha sido atribuida a movimientos ilegales de animales, la importación de productos cárnicos contaminados y la interacción entre la fauna silvestre y los animales domésticos.

La historia de esta enfermedad en Europa comenzó en 2014 en Georgia y posteriormente se extendió a países vecinos, incluyendo países de la Unión Europea, lo que demuestra su capacidad de propagación y la necesidad de una respuesta coordinada.

Hasta la fecha, en Castilla y León no se han detectado casos positivos, pero la vigilancia activa es constante. La comunidad ha solicitado la colaboración ciudadana, pidiendo que en caso de observar ejemplares de jabalíes muertos o enfermos, se comuniquen inmediatamente con las autoridades a través del teléfono de emergencias 112.

Se recomienda no manipular ni acercarse a los animales afectados, ya que la enfermedad, aunque no afecta a las personas, puede ser transmitida por contacto directo o indirecto.

Supuestamente, en los próximos días, se realizarán reuniones adicionales con expertos y organizaciones internacionales para reforzar las estrategias de control y bioseguridad.

La experiencia en otros países, como Hungría y Polonia, muestra que las medidas de contención temprana y la vigilancia constante son clave para evitar una expansión descontrolada.

Respecto a los costes económicos, la lucha contra la PPA implica gastos considerables en campañas de caza, controles sanitarios, campañas informativas y en la implementación de medidas de bioseguridad en las explotaciones.

Se estima que en toda Europa, los costes asociados a la gestión de la enfermedad superan los 200 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 190 millones de euros, según datos recientes de la Unión Europea.

Por lo tanto, la situación requiere de un esfuerzo conjunto entre las administraciones, los ganaderos y la población, para prevenir que esta enfermedad, que supuestamente ha causado pérdidas millonarias en países afectados, se convierta en un problema incontrolable en Castilla y León y en toda España.

La colaboración ciudadana, junto con las medidas oficiales, será fundamental para mantener a raya esta amenaza y proteger el sector porcino y la biodiversidad de la región.