La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una medida de apoyo directo a bares y centros de ocio ubicados en pequeños núcleos rurales, con una dotación que supera los cinco millones de euros entre 2024 y 2025.

Este programa, gestionado desde la Consejería de la Presidencia, se canaliza a través de una línea de ayudas individuales de 3.000 euros anuales por establecimiento, con el objetivo declarado de hacer frente al reto demográfico, fortalecer la cohesión social y dinamizar la actividad económica en el medio rural.

Durante la visita del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, al bar La Plaza, en la localidad segoviana de Martín Muñoz de las Posadas, el Ejecutivo autonómico subrayó que esta iniciativa ya se ha consolidado tras tan solo dos convocatorias.

En 2024, primer año de aplicación, se concedieron ayudas por valor de más de 2,2 millones de euros a 734 bares y centros de ocio situados en municipios y pedanías de hasta 200 habitantes.

En 2025, tras ampliarse el umbral poblacional hasta los 300 habitantes, la cuantía asciende a 2,8 millones de euros, beneficiando a 933 establecimientos.

El balance total, por tanto, alcanza 1.667 ayudas individuales de 3.000 euros cada una.

Con estas ayudas se pretende facilitar el mantenimiento de estos espacios para cubrir gastos corrientes de funcionamiento, como suministros de agua, electricidad, gas y otros combustibles para calefacción y agua caliente, así como servicios de internet, televisión o plataformas audiovisuales.

Se prevé que la cantidad de establecimientos beneficiados siga aumentando en futuras convocatorias, ya que en 2026 no se establecerá ningún límite de población, permitiendo acceder a la ayuda a cualquier municipio o pedanía de Castilla y León que cuente con al menos un bar o establecimiento similar.

El consejero ha destacado que esta política pública se fundamenta en una realidad muy clara del medio rural: en numerosos pueblos, el bar es el principal punto de encuentro y convivencia.

González Gago ha resaltado que estos locales “sostienen la vida social cotidiana, ayudan a combatir la soledad y fortalecen los vínculos vecinales, algo imprescindible para la calidad de vida en los pequeños municipios”.

En términos sociales, los establecimientos beneficiarios en la convocatoria de 2024 atienden a una población estimada de alrededor de 145.000 personas al año, incluyendo vecinos censados, residentes temporales y visitantes. Por su parte, los bares y centros de ocio apoyados en la convocatoria de 2025 dan cobertura a unas 200.000 personas anuales, reflejo del mayor número de localidades y establecimientos beneficiados.

González Gago también ha señalado el carácter asistencial de estos espacios, destacando que “en el medio rural, el bar cumple una función que va más allá del ocio: es un lugar donde se detectan situaciones de vulnerabilidad, aislamiento o problemas de salud, y donde se cuida de las personas desde la cercanía”.

Mantener abiertos estos establecimientos, ha insistido, es también una forma de proteger a quienes viven en los pueblos.

Además de su dimensión social y asistencial, el consejero quiso poner en valor el impacto económico de la medida: “Cada bar que permanece abierto genera actividad, sostiene empleo y contribuye a que el pueblo siga siendo un lugar vivo, reflejando una política útil, anclada en el territorio y respaldada por las entidades locales, que la Junta va a seguir reforzando en los próximos años”.

Todos los municipios que han solicitado estas ayudas y han cumplido los requisitos establecidos han resultado beneficiarios, lo que refleja el éxito de una iniciativa diseñada desde la escucha al medio rural y orientada a garantizar espacios de convivencia, atención social y actividad económica en los pequeños pueblos de Castilla y León.

Supuestamente, la experiencia podría convertirse en un modelo replicable para otras comunidades que enfrentan retos demográficos similares, según analistas locales que observan con interés estas políticas de apoyo directo a la vida cotidiana de los pueblos.

Presuntamente, algunos municipios podrían haber ganado visibilidad y cohesión comunitaria gracias a la coordinación entre administración y entidades vecinales, además de los beneficios económicos inmediatos para comercios y proveedores locales.

En resumen, la iniciativa no solo se ha traducido en una ayuda económica, sino en una estrategia de sostenibilidad social y económica para los entornos rurales, algo que, según expertos, podría marcar tendencia en futuras políticas de desarrollo territorial a nivel nacional.