La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), ha anunciado la licitación de importantes obras hidráulicas en las provincias de Segovia y Valladolid, con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 4.700.000 euros. Estos proyectos forman parte de un plan estratégico para modernizar y ampliar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, con el objetivo de garantizar un suministro de agua de calidad y reducir los problemas estructurales en los municipios de la región.

Supuestamente, estas inversiones permitirán mejorar la calidad de vida de más de 12.000 habitantes en las zonas beneficiadas y se enmarcan en los programas provinciales de depuración y gestión del agua, que buscan dar soluciones definitivas a los desafíos existentes en el ciclo del agua.

La financiación de estas obras se repartirá entre la Junta de Castilla y León, que aportará un 40 % del presupuesto, las diputaciones provinciales de Segovia y Valladolid, también con un 40 % cada una, y los ayuntamientos implicados, que cubrirán el 20 % restante.

Estas actuaciones incluyen la construcción y modernización de depuradoras de aguas residuales, depósitos de agua potable y otras infraestructuras clave para asegurar un suministro estable y eficiente.

Según la planificación, una parte significativa de los fondos se destinará a la puesta en marcha de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), diseñadas con criterios adaptados a las características de cada municipio, buscando reducir los costes de operación y mantenimiento.

Además, se han proyectado depósitos de agua potable en varias localidades para garantizar el suministro en el presente y en el futuro.

En la provincia de Segovia, la inversión total asciende a aproximadamente 2 millones de euros, con obras específicas en varias localidades. Entre ellas, se encuentran las depuradoras en Juarros de Riomoros, San Miguel de Bernuy, Fuenterrebollo y Navafría, con importes que oscilan entre 120.000 y 830.000 euros, y la construcción de un depósito de agua potable en San Cristóbal de Segovia, con una inversión cercana a los 390.000 euros. Presuntamente, en esta provincia se prevé la instalación de unas 35 depuradoras en el programa de depuración para poblaciones de 500 a 2.000 habitantes, con una inversión global que superaría los 22 millones de euros, de los cuales aproximadamente 5,5 millones están destinados a depuradoras para poblaciones de hasta 500 habitantes.

Por su parte, la provincia de Valladolid contará con una inversión cercana a los 2,9 millones de euros. Las obras incluyen las depuradoras en localidades como Ciguñuela, La Pedraja de Portillo, Urones de Castroponce y San Román de Hornija, con importes que varían entre 70.000 y 1,1 millones de euros. Además, se contempla la construcción de un depósito de agua en Urones de Castroponce, con un coste cercano a los 70.000 euros. En el programa de depuración para poblaciones de 500 a 2.000 habitantes, Valladolid tiene previstas unas 23 depuradoras, con una inversión que sobrepasa los 16 millones de euros, de los cuales 11 millones ya están en marcha y otros tres están en proceso de licitación.

Supuestamente, estas actuaciones en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas también incluyen la mejora de sistemas en tres municipios, con una inversión aproximada de 2,7 millones de euros, buscando reducir las pérdidas y optimizar los recursos hídricos.

La iniciativa forma parte de un compromiso más amplio de la Junta para garantizar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión del agua en toda la comunidad, siguiendo los antecedentes históricos de inversiones en infraestructuras que datan de hace varias décadas, cuando Castilla y León empezó a consolidar su red de abastecimiento para atender a su creciente población.

En resumen, estas inversiones representan un paso importante para modernizar el sistema de gestión del agua en Castilla y León, asegurando un suministro adecuado y sostenible en el tiempo, además de cumplir con los estándares medioambientales y sanitarios presuntamente establecidos por las autoridades.

La finalización de estas obras está prevista en un plazo de 24 meses, y una vez concluidas, Somacyl se encargará de su explotación y mantenimiento durante los siguientes 25 años, garantizando así su funcionamiento y durabilidad a largo plazo.