La Junta de Castilla y León ha hecho público un desembolso de 68,4 millones de euros durante 2025 para apoyar la incorporación de jóvenes agricultores y la modernización de las explotaciones agrarias, con una ejecución que supera en un 21% la del ejercicio anterior.

En total, 1.990 titulares han sido beneficiarios de estas ayudas, una cifra que, según la administración regional, contribuye al relevo generacional, a la creación de empleo en el medio rural y a reforzar la competitividad del sector en la comunidad.

En concreto, la asignación se reparte entre dos grandes bloques: 40,8 millones de euros destinados a la incorporación de 1.319 jóvenes agricultores, y 27,6 millones de euros para la modernización de 671 explotaciones mediante inversiones de mejora. Entre estas actuaciones, 7 millones han contado con una financiación específica procedente de fondos Next Generation para apoyar la digitalización de las explotaciones y la implantación de energías renovables.

Estas ayudas, abonadas con medidas integradas tanto en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 como en el actual periodo PEPAC 2023-2027, buscan mitigar el cambio climático mediante la reducción de emisiones, la captura de carbono, el uso más eficiente de recursos naturales, el impulso de energías sostenibles y la mejora del bienestar animal.

Hay que destacar que, durante el año pasado, en el marco del PEPAC se tramitaron nuevas ayudas de cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias a través de dos convocatorias, con 158 beneficiarios y el pago de un millón de euros, suma que se añade a los 650.000 euros abonados a finales de 2024.

Supuestamente estas medidas encajan dentro de una estrategia histórica de la región para revitalizar el campo y frenar el éxodo rural, si bien no todos los detalles de su implementación son de dominio público.

Presuntamente la inversión en digitalización ha permitido a un número creciente de explotaciones operar con herramientas de gestión modernas y con mayor trazabilidad, lo que podría traducirse en una mejora de la rentabilidad y de las condiciones de vida de las familias que trabajan en el sector.

En cualquier caso, el conjunto de actuaciones se ubica en el marco de las políticas europeas de apoyo al desarrollo rural y de las prioridades regionales para la transición ecológica y la digitalización del tejido productivo, con resultados que, según las autoridades, ya están repercutiendo en el medio rural y en la calidad de vida de sus habitantes.

Supuestamente estas cifras reflejan solo una parte de la estrategia regional para convertir al sector agropecuario en un motor de desarrollo sostenible, capaz de combinar productividad, innovación y dignidad para quienes viven del campo.

Aun así, la administración recuerda que la ejecución sigue en curso y que quedarán resultados visibles en los próximos años conforme se avance con las convocatorias de cooperación, drones de monitorización y soluciones de gestión inteligente para las explotaciones.