La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expresado su profunda disconformidad con la actitud del Gobierno central durante la reciente reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia.

La dirigente autonómica criticó que el Ministerio de Juventud e Infancia haya evitado someter a votación los criterios de reparto de menores no acompañados, una decisión que, según Blanco, ya había sido previamente acordada en el Congreso de los Diputados y que favorece claramente a los intereses de los socios del Ejecutivo central.

Blanco afirmó que la convocatoria de la reunión fue presentada como una medida de urgencia, pero en realidad, consideró, no tenía ningún sentido dado que la ministra responsable ya había anunciado con casi tres semanas de antelación dicha convocatoria.

Esto, en su opinión, revela que la verdadera intención era utilizar la supuesta urgencia como excusa para celebrar el encuentro sin que las comunidades pudieran expresar su postura, ni aportar datos relevantes ni discutir las pautas de reparto que, en definitiva, ya estaban decididas.

El problema radica en que estas pautas fueron aprobadas en el Congreso mediante el Real Decreto-Ley 2/2025, fechado el 18 de marzo pasado, en un contexto en el que el Gobierno buscaba acelerar la gestión de menores migrantes en situación de contingencia.

Sin embargo, esta normativa fue diseñada sin la participación de las comunidades autónomas, lo que ha generado un fuerte rechazo en varios territorios, incluyendo Castilla y León, que ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley.

Desde el punto de vista de Blanco, la decisión del Ejecutivo central de impedir la votación en la reunión fue un intento de evitar una derrota política.

La vicepresidenta explicó que la actitud del Gobierno refleja un interés en imponer sus criterios sin buscar consenso, asegurando que las excusas presentadas para cancelar la votación —como la supposed urgencia del asunto— son solo un disfraz para seguir adelante con una estrategia ya predeterminada.

Este conflicto también tiene un trasfondo histórico. La gestión de menores migrantes en España ha sido un tema polémico desde hace décadas, especialmente desde la crisis migratoria de 2015, cuando miles de menores llegaron a las costas españolas sin acompañantes.

La respuesta del Estado en aquel entonces fue criticada por su falta de coordinación y por las condiciones en las que se alojaban estos menores, muchas veces en centros sin los recursos adecuados.

A raíz de estos hechos, en 2018 se establecieron nuevas políticas para mejorar la protección de los menores migrantes, incluyendo la creación de protocolos más estrictos y la asignación de fondos específicos.

Sin embargo, en los últimos años, la presión migratoria ha aumentado considerablemente, y las administraciones autonómicas han reclamado mayor participación en la distribución y gestión de estos menores, argumentando que son ellas las que deben garantizar su bienestar.

La polémica actual se sitúa en un momento en el que la Unión Europea también ha establecido nuevas directrices sobre la acogida y distribución de menores migrantes, buscando un reparto más equitativo entre los países miembros.

España, siendo uno de los países con mayores cifras de menores en situación de vulnerabilidad, se encuentra en el centro de estas discusiones, enfrentándose a una creciente demanda de transparencia y participación por parte de las comunidades autónomas.

Mientras tanto, la tensión política sigue en aumento. La Junta de Castilla y León ha reiterado su oposición a la ley impuesta por el Gobierno central y anunció que defenderá sus competencias en materia de protección infantil, incluso llevando el asunto a los tribunales si fuera necesario.

La ministra de Juventud e Infancia, por su parte, ha defendido la legalidad de la normativa y ha asegurado que las decisiones tomadas buscan garantizar el interés superior del menor, aunque sin ofrecer detalles sobre los criterios específicos de reparto o la financiación vinculada a estos procesos.

Este episodio refleja una vez más la complejidad de gestionar la inmigración infantil en España y la necesidad de establecer mecanismos que impliquen a todas las administraciones para garantizar una protección efectiva y transparente.

La oposición de Castilla y León y otras comunidades autónomas podría marcar un precedente importante en la lucha por mayor participación en decisiones que afectan directamente a sus territorios y a los menores migrantes que acogen.