La Junta de Castilla y León continúa promoviendo la integración laboral de las personas con discapacidad a través de un fuerte respaldo a los centros especiales de empleo (CEE).

En lo que va de 2025, el gobierno autonómico ha destinado un presupuesto inicial de aproximadamente 36 millones de euros (unos 38 millones de euros en moneda local), con el objetivo de mantener y crear nuevos puestos de trabajo en estas entidades que desempeñan un papel fundamental en la inclusión social.

Desde hace décadas, los centros especiales de empleo han sido considerados como un pilar esencial en la economía social de la región. Presuntamente, estos centros han demostrado ser una vía efectiva para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral, desarrollando habilidades y logrando una mayor autonomía personal.

La historia de estos centros se remonta a principios del siglo XX, pero fue en la segunda mitad del siglo pasado cuando adquirieron mayor formalización y reconocimiento, especialmente tras la aprobación de leyes específicas que fomentaron su crecimiento.

Supuestamente, en 2024, más de 6.686 personas con discapacidad desarrollaron su actividad en los centros de Castilla y León, lo que representa un incremento del 12 % en comparación con el inicio de la legislatura.

La inversión en apoyo económico a estas entidades también ha aumentado de forma significativa: el año pasado, la Junta destinó más de 41 millones de euros (unos 43 millones de euros), lo que supone un aumento del 34 % en relación a años anteriores.

El apoyo financiero de la administración regional se canaliza a través de distintas líneas de ayuda. Entre ellas, destaca la cofinanciación de costes salariales, especialmente para trabajadores mayores de 55 años con dificultades de empleabilidad, y las inversiones destinadas a generar nuevos puestos de trabajo.

Además, se financian parcialmente los costes de las unidades de apoyo que acompañan a los empleados con discapacidad en sus tareas diarias.

Supuestamente, en la provincia de Segovia, uno de los focos principales de estas iniciativas, se ha logrado mantener el empleo de 238 personas con discapacidad, de las cuales 43 enfrentan dificultades adicionales para integrarse en el mercado laboral.

Se ha apoyado a 83 trabajadores mediante unidades de apoyo y se han creado 9 nuevos puestos en la región, demostrando el compromiso de la Junta con la economía social.

Presuntamente, el impacto de estas ayudas va más allá de la simple generación de empleo. Se busca también mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad, permitiéndoles participar activamente en la comunidad y desarrollar proyectos de vida dignos y con futuro.

El respaldo a estas entidades no solo es un compromiso social, sino también una estrategia económica. Supuestamente, cada euro invertido en los centros especiales de empleo genera un retorno de aproximadamente tres euros para la sociedad en términos de productividad, ahorro en servicios sociales y bienestar general.

Desde su incorporación en 2010 al grupo Fundación Personas, el centro APADEFIM 2000, en La Lastrilla, ha sido un referente en la región, con más de 30 años de experiencia en la integración laboral de personas con discapacidad intelectual.

Actualmente, cuenta con 38 empleados, de los cuales el 84 % presentan algún tipo de discapacidad, en su mayoría intelectual.

Supuestamente, el centro realiza actividades diversas, desde manipulados industriales y envasado de productos alimenticios, hasta gestión de residuos y servicios de limpieza.

La presencia de estos centros en la economía regional, y su contribución a la cohesión social, demuestran que la inversión en inclusión social también es una inversión en el crecimiento económico sostenible.

De cara a 2025, la Junta de Castilla y León mantiene y refuerza su compromiso, con la convocatoria de ayudas por un importe cercano a 33 millones de euros (unos 35 millones de euros), ampliables a casi 68 millones si la demanda lo requiere.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha afirmado que estas acciones no solo fomentan la justicia social, sino que también generan riqueza y competitividad, consolidando a los centros especiales de empleo como actores clave en la economía social de la región.

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