En respuesta a la devastación provocada por los incendios forestales ocurridos en 2022 en Castilla y León, la Junta regional ha destinado un total superior a los 4,2 millones de euros en diferentes medidas para ayudar a las comunidades afectadas a recuperarse y reconstruir sus viviendas y patrimonio.

Esta inversión, que equivale aproximadamente a 4,2 millones de euros, incluye fondos para obras de emergencia, subvenciones directas y acciones de desescombro y consolidación en varias provincias afectadas.

Supuestamente, los incendios de ese verano arrasaron miles de hectáreas y dañaron numerosas viviendas, enseres domésticos y construcciones complementarias en provincias como Ávila, Burgos, Segovia y Zamora.

La rapidez en la respuesta fue clave, y las autoridades autonómicas pusieron en marcha medidas urgentes desde los primeros días tras el incendio para mitigar los daños y prevenir futuros riesgos.

Entre las acciones principales, se encuentran las órdenes de emergencia firmadas en agosto, octubre y noviembre de 2022, que permitieron contratar obras de desescombro, estabilización y reparación en diferentes municipios.

En total, estas órdenes sumaron aproximadamente 1,2 millones de euros (unos 1,2 millones de euros) y beneficiaron a localidades como San Juan de la Nava, El Hoyo de Pinares, El Barraco, Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Torre Val de San Pedro, entre otras.

Además, en diciembre del mismo año, se autorizó una ayuda directa para compensar los daños económicos en viviendas, enseres y estructuras anexas.

La cuantía total de estas subvenciones alcanzó aproximadamente 3 millones de euros (equivalente a unos 2,85 millones de euros). Estas ayudas se dirigieron a 65 inmuebles afectados, de los cuales 20 ya justificaron la recepción del dinero, 44 están en proceso de justificación y 2 han rechazado la ayuda.

Las subvenciones tenían como objetivo principal cubrir los costes de reparación, excluyendo viviendas en estado de ruina total o sin permisos municipales vigentes.

Las cuantías máximas por vivienda podían llegar hasta 135.000 euros (unos 125.000 euros), y por edificaciones complementarias hasta 32.000 euros (aproximadamente 30.000 euros), dependiendo de la superficie y daños. En cuanto al menaje y enseres, las ayudas podían ascender a 13.000 euros por vivienda y 6.500 euros por estructura adicional.

En la provincia de Burgos, que sufrió daños especialmente severos, la inversión total en ayudas y obras de emergencia superó los 3,2 millones de euros (cerca de 3,2 millones de euros).

En agosto de 2022, se firmaron órdenes de emergencia por valor de aproximadamente 820.000 euros (unos 820.000 euros) para trabajos en localidades como Santibáñez del Val, Quintanilla del Coco y Santo Domingo de Silos, afectados por el incendio del 24 de julio.

Estas obras de estabilización y reparación finalizaron en marzo de 2023, y en total, se concedieron ayudas a 52 beneficiarios en la provincia, con una inversión que rondó los 2,39 millones de euros (unos 2,39 millones de euros).

La distribución de beneficiarios incluyó 38 en Santibáñez del Val, quienes recibieron aproximadamente 1,94 millones de euros (unos 1,94 millones), 9 en Quintanilla del Coco con 160.000 euros y 5 en Santo Domingo de Silos con otros 180.000 euros.

Estas acciones reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León de apoyar a sus ciudadanos en momentos difíciles, promoviendo la recuperación de las zonas afectadas y asegurando la seguridad y habitabilidad de los hogares.

La historia de estos incendios, que supuestamente arrasaron amplias zonas de la región, se remonta a años atrás, cuando la gestión forestal y la prevención de incendios eran temas prioritarios en políticas medioambientales, con el objetivo de reducir el impacto de estos desastres en el futuro.

Supuestamente, la recuperación de estas áreas es un proceso que requiere tiempo y recursos, y la inversión de la Junta en 2022 y 2023 demuestra la voluntad de garantizar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, además de proteger su patrimonio natural y urbano en un contexto de cambio climático y aumento de eventos extremos.