La comunidad autónoma de Castilla y León ha anunciado un ambicioso plan para fortalecer la gestión y prevención de incendios forestales, una problemática que ha ido en aumento en los últimos años, presuntamente debido a los efectos del cambio climático y a la creciente urbanización en zonas rurales.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo un encuentro con los presidentes de las nueve diputaciones provinciales el pasado 12 de septiembre de 2025, donde se presentaron diversas propuestas para mejorar la respuesta ante incendios y reducir la vulnerabilidad de los municipios.

Entre las medidas destacadas, la Junta destinará aproximadamente 2 millones de euros, equivalentes a unos 1,8 millones de euros en moneda local, para una edición extraordinaria del programa 'Montel Seguro', que por su carácter bienal no se había convocado en 2025 y no se realizaría hasta 2026.

Esta inversión tiene como objetivo principal mejorar las condiciones laborales y de protección del personal que trabaja en la extinción de incendios, incluyendo brigadistas, voluntarios y personal municipal.

Se prevé la adquisición de equipos de protección homologados, maquinaria moderna y herramientas avanzadas, además de sistemas de comunicación unificados que permitan una coordinación más eficiente en situaciones de emergencia.

Asimismo, supuestamente se destinarán fondos para la mejora del abastecimiento de agua y la depuración, con el fin de reparar los daños causados por incendios anteriores y prevenir la contaminación derivada de las cenizas y residuos.

La gestión del agua en zonas rurales y urbanas será una prioridad para garantizar un acceso sostenible, un aspecto que ha sido considerado fundamental desde hace décadas, dado que en 1992 la región sufrió uno de los peores incendios forestales en Europa, que afectó a miles de hectáreas.

Otra de las propuestas consiste en colaborar con las diputaciones en la adquisición de maquinaria pesada, como bulldozers y motoniveladoras, financiadas en su totalidad por la Junta, para facilitar la apertura de cortafuegos, crear accesos en zonas de difícil tránsito y realizar tareas de limpieza preventiva en montes y perímetros urbanos en municipios con alto riesgo.

Estas acciones buscan reducir significativamente la propagación de incendios y facilitar las labores de extinción.

Además, se ofrecerán ayudas económicas para que las diputaciones puedan realizar estudios técnicos sobre las bocas de riego, tomas de agua e hidrantes en todos los municipios, cubriendo aproximadamente el 50 % del coste.

La finalidad es optimizar el mantenimiento y la gestión de estos recursos, que resultan vitales en las operaciones de extinción.

El gobierno autonómico también apoyará la elaboración de planes de emergencia a nivel municipal, con una aportación del 50 % del coste, lo que permitirá acelerar la planificación en más de 700 municipios considerados zonas de riesgo forestal.

La colaboración entre administraciones busca crear un sistema coordinado y eficiente, capaz de responder rápidamente ante cualquier eventualidad.

El compromiso del Ejecutivo regional incluye también impulsar normativas que faciliten la creación de anillos de seguridad en torno a los municipios y solares abandonados, con el objetivo de reducir la carga de combustible y minimizar la propagación de incendios.

Este conjunto de medidas complementa otras ya en marcha desde años anteriores, que incluyen formación, vigilancia y apoyo técnico, fortaleciendo así la capacidad de la comunidad para gestionar de manera sostenible y eficaz la protección del medio rural.

En definitiva, estas acciones representan un paso importante en la historia de la gestión de incendios en Castilla y León, región que posee extensas zonas forestales que suman más de un millón de hectáreas, y donde la colaboración entre instituciones ha sido clave para reducir la incidencia y daños provocados por fuegos forestales, que han supuesto pérdidas económicas y ambientales significativas en el pasado.

Supuestamente, estas inversiones y medidas también buscan promover un cambio en la cultura de prevención, fomentando la conciencia ciudadana y la participación activa de las comunidades locales en la protección de su entorno natural.

La Junta de Castilla y León refuerza así su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus habitantes, enfrentando de manera coordinada la creciente amenaza de los incendios forestales en la región.