La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha presentado un plan de formación que busca fortalecer y modernizar la administración pública en la región mediante la oferta de casi 500 acciones formativas distribuidas hasta finales de 2025.

Este ambicioso programa comprende un total de 465 cursos, jornadas, conferencias y seminarios destinados a los empleados públicos de la Junta y de las administraciones locales, con un total de aproximadamente 25.600 plazas disponibles.

Este plan formativo se divide en tres grandes bloques. En primer lugar, el Plan de Formación General, dirigido a todos los empleados públicos de la administración autonómica, con el objetivo de mejorar sus habilidades y conocimientos básicos.

En segundo lugar, la Formación Sectorial, destinada a perfeccionar competencias específicas en función del área de trabajo de cada empleado. Finalmente, el Plan de Formación Local está dirigido a los empleados de ayuntamientos y diputaciones, con contenidos adaptados a las necesidades particulares de cada municipio y región.

Supuestamente, esta inversión en capacitación es fundamental para garantizar una administración más eficiente, cercana y transparente, capaz de responder a las demandas de los ciudadanos en un contexto de transformación digital acelerada.

La Junta de Castilla y León pretende con ello no solo mejorar la calidad del servicio público, sino también afrontar los retos que trae la digitalización, la automatización y el relevo generacional en el sector público.

En cuanto a los contenidos específicos, se destacan cursos sobre ciberseguridad, herramientas colaborativas en la nube, y una introducción a la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública.

Supuestamente, estos cursos están diseñados para dotar a los empleados públicos de las habilidades necesarias para manejar con seguridad y eficiencia la información digital, facilitando la colaboración interdepartamental y mejorando la atención a los ciudadanos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha declarado que “fomentar estas habilidades digitales en nuestros empleados públicos también ayuda a reducir la brecha digital, asegurando que todos los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales, puedan beneficiarse de una administración más ágil y transparente”.

Supuestamente, la inversión en formación digital en Castilla y León no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa que ha ido tomando forma desde principios del siglo XXI.

En 2001, la Junta lanzó el Plan de Modernización Administrativa, que supuestamente supuso la digitalización de numerosos procedimientos administrativos y la creación de plataformas digitales para facilitar la interacción con los ciudadanos.

Hasta ahora, la región ha avanzado en la incorporación de tecnologías emergentes, y esta nueva apuesta por la formación busca consolidar esa tendencia.

La digitalización de la administración pública en Castilla y León ha supuesto una reducción significativa en los tiempos de tramitación y una mayor transparencia, además de facilitar el acceso a la información pública.

Supuestamente, esta iniciativa también responde a la necesidad de afrontar los cambios tecnológicos que están transformando la sociedad en general, con la inteligencia artificial, el big data y la ciberseguridad como principales protagonistas.

La región pretende que sus empleados públicos estén preparados para gestionar estas herramientas y mantener un alto nivel de eficiencia en sus tareas diarias.

Con esta estrategia, la Junta de Castilla y León continúa posicionándose como una de las regiones más avanzadas en la digitalización de su administración pública en España, buscando no solo mejorar sus procesos internos, sino también ofrecer a los ciudadanos una administración moderna, accesible y eficiente, alineada con los estándares internacionales de gestión pública digital.