La Junta de Castilla y León ha anunciado la puesta en marcha de una nueva edición del Programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, una iniciativa que busca facilitar la inserción laboral de jóvenes menores de 30 años en la comunidad autónoma.

La convocatoria, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), cuenta con un presupuesto total de aproximadamente 4,8 millones de euros, equivalentes a más de 5,2 millones de euros en moneda europea, y tiene como objetivo la contratación de al menos 135 jóvenes durante un período de un año.

Este programa forma parte de una estrategia más amplia de la Junta para reducir el desempleo juvenil, que ha sido un desafío persistente en la región desde hace décadas.

En los años 80, Castilla y León enfrentó tasas de desempleo juvenil cercanas al 40%, una cifra que, aunque ha mejorado, todavía representa un reto para las políticas de empleo regionales.

La iniciativa actual está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que ha destinado fondos específicos para promover la inclusión laboral de los jóvenes en los ámbitos públicos y sociales.

El principal objetivo del programa es ofrecer a los jóvenes un contrato laboral adecuado a su nivel de formación, permitiéndoles adquirir experiencia práctica en tareas propias de las administraciones públicas.

La idea es que esta experiencia sirva como trampolín para futuras oportunidades laborales en el sector público o en el mercado laboral en general. Los contratos serán a jornada completa y estarán dirigidos a jóvenes que hayan finalizado sus estudios y posean un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, quienes además deben estar inscritos como desempleados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y formar parte del Sistema de Garantía Juvenil.

Los incentivos económicos para las entidades beneficiarias son sustanciales. La Junta financiará los costes salariales y de seguridad social, con una subvención mensual de aproximadamente 2.050 euros por contrato, lo que equivale a unos 23.240 euros anuales por joven, ajustándose según el grupo de cotización correspondiente. Además, se contempla una ayuda adicional de unos 200 euros mensuales por tutor, durante un máximo de tres meses, para apoyar la formación y orientación del joven durante su incorporación laboral.

Las administraciones locales, principalmente municipios con más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales, podrán solicitar subvenciones para la contratación de hasta seis jóvenes por entidad. La duración del período de contratación subvencionado será desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, y las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación, durante un plazo de 15 días hábiles.

La concesión de las ayudas se realizará por orden de llegada, hasta agotar el presupuesto disponible. Para facilitar la gestión, la Junta adelantará el 100% del importe de la subvención a las entidades beneficiarias.

Este programa se enmarca dentro de las políticas de empleo de la Junta de Castilla y León, que históricamente ha promovido diversas iniciativas para apoyar a los jóvenes.

Desde la creación de los primeros programas de formación en los años 90, la región ha buscado adaptarse a los cambios del mercado laboral europeo y global.

La apuesta por la empleabilidad juvenil no solo busca reducir las cifras de paro, sino también fortalecer la calidad de la experiencia laboral adquirida por los jóvenes en el sector público, que tradicionalmente ha sido uno de los ámbitos más estables y valorados en España.

Supuestamente, estos esfuerzos podrían traducirse en una mejora significativa en la tasa de empleo juvenil en la región, que actualmente supera el 20%, en comparación con el promedio nacional del 16%.

La inversión en formación y experiencia se considera clave para afrontar los desafíos futuros, especialmente en un contexto de transformación digital y cambios en la administración pública.

La expectativa es que muchas de estas contrataciones se conviertan en oportunidades duraderas, fortaleciendo el tejido laboral en Castilla y León y contribuyendo a un desarrollo más inclusivo y sostenible en la región.