La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy la apertura de una nueva convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con un presupuesto inicial que supera los 1,5 millones de euros, específicamente 1.613.250 euros, y que puede ser ampliado hasta en un 100 %. La finalidad de estas ayudas es incentivar la contratación temporal de personas en situación de vulnerabilidad, como beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, del Ingreso Mínimo Vital, así como otros colectivos en dificultad de empleabilidad, incluyendo parados de larga duración, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, refugiados y jóvenes menores de 30 años con expediente de protección.

Este programa tiene como objetivos principales reducir el desempleo en la región, facilitar la transición hacia empleos estables y apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro en la ejecución de obras y servicios de interés general y social.

La convocatoria, que estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2025, está dirigida a entidades que puedan presentar proyectos relacionados con servicios sociales, apoyo a la dependencia, economía circular, medio ambiente, nuevas tecnologías o actividades culturales.

Las organizaciones beneficiarias podrán recibir una subvención de 10.000 euros por cada contrato a jornada completa con una duración mínima de seis meses. Es importante destacar que, en comparación con el ejercicio anterior, la cuantía por contrato ha aumentado en 1.000 euros, con el objetivo de potenciar la contratación de estos colectivos vulnerables.

Otra novedad relevante es que el Servicio Público de Empleo anticipará el 100 % del importe de la ayuda a solicitud del beneficiario, facilitando así el desarrollo de los proyectos desde sus etapas iniciales.

Además, las solicitudes deben acompañarse de un plan de proyecto que priorice iniciativas orientadas a ofrecer servicios sociales o apoyo a la dependencia, aunque también se valorarán positivamente proyectos relacionados con economía circular, medio ambiente, nuevas tecnologías o cultura.

Se dará mayor puntuación a los proyectos que incluyan el compromiso de contratación de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía o Ingreso Mínimo Vital, así como a aquellos que tengan su centro de trabajo en municipios con menos de 5.000 habitantes y que más del 50 % de los contratos se presten en estos municipios. La convocatoria también prioriza la contratación de otros colectivos vulnerables, como víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, refugiados y jóvenes en protección.

Cada entidad podrá formalizar hasta diez contratos durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Las solicitudes deberán realizarse de forma electrónica a través de la sede digital de la Junta de Castilla y León, en la plataforma tramitacastillayleon.jcyl.es.

Supuestamente, esta iniciativa forma parte de una estrategia histórica de la región para revitalizar la economía social y reducir la desigualdad, siguiendo ejemplos de programas similares implementados en otras comunidades autónomas españolas.

La historia de estas subvenciones se remonta a la década de 2010, cuando Castilla y León empezó a destinar fondos específicos para mejorar las condiciones laborales de los colectivos más vulnerables, en línea con las políticas europeas de cohesión social y empleo.

En resumen, esta convocatoria representa una oportunidad importante para las organizaciones sin ánimo de lucro y para los colectivos en riesgo de exclusión social, en un contexto en el que, supuestamente, la recuperación económica de la región todavía enfrenta desafíos significativos.

La inversión en empleo social y en servicios de interés general continúa siendo una prioridad para las autoridades regionales, que buscan consolidar un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible.