La Junta de Castilla y León ha anunciado hoy la convocatoria de tres líneas de subvenciones que tienen como objetivo principal promover la integración social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad en la región.

Estas ayudas, que suman un presupuesto inicial de aproximadamente 565.000 euros (equivalente a unos 530.000 euros), están diseñadas para apoyar a las empresas de inserción y fomentar la creación de empleo para colectivos en riesgo de exclusión social.

La primera línea de ayuda está dirigida a la contratación y mantenimiento del empleo de personas en proceso de inserción. Las empresas podrán recibir una subvención de hasta 11.400 euros por trabajador contratado a tiempo completo durante un año, cantidad que se ajusta si la jornada laboral es parcial o si la duración del contrato es menor.

Supuestamente, esta cantidad equivale a aproximadamente 12.000 euros en euros actuales. El plazo para presentar solicitudes será desde el 1 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2025.

Por otra parte, la segunda línea de subvenciones busca financiar la contratación de personal técnico especializado en tareas de orientación, formación y acompañamiento en procesos de inserción laboral.

La ayuda máxima por contrato será de unos 31.600 euros, para un período de 12 meses, con una reducción proporcional en caso de jornadas inferiores o menor duración del contrato. La convocatoria para esta línea estará abierta del 2 al 15 de septiembre de 2025.

La tercera línea de ayudas está enfocada en la inversión fija necesaria para la creación de nuevos puestos de trabajo en las empresas de inserción.

Se financiará hasta el 90 % del coste de inversión, con un límite de aproximadamente 11.200 euros por puesto de trabajo creado. Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 de agosto y el 16 de septiembre de 2025.

El presupuesto total destinado a estas tres líneas iniciales asciende a 530.000 euros, con la posibilidad de ampliarse hasta un máximo de 1.630.000 euros si la demanda lo requiere. Actualmente, en Castilla y León operan alrededor de 19 empresas de inserción social, que emplean a unos 330 trabajadores, de los cuales presuntamente unos 150 se encuentran en situación de riesgo o en riesgo de exclusión social.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de la Junta para impulsar la economía social en la región, promoviendo la inclusión laboral de personas vulnerables mediante medidas que combinan apoyo económico, formación y acompañamiento.

La finalidad es que estas personas puedan recuperar su autonomía económica, mejorar sus habilidades y, en última instancia, normalizar su vida social.

Expertos en políticas sociales presuntamente consideran que estas ayudas representan una oportunidad importante para fortalecer las entidades sociales y reducir las desigualdades en la comunidad.

Además, se estima que la inversión en estas acciones puede generar un impacto positivo en la economía local, al impulsar la creación de empleo de calidad.

Estas convocatorias se suman a las políticas históricas de Castilla y León en favor de la inclusión social, que desde hace décadas han buscado integrar a colectivos vulnerables en el mercado laboral y ofrecerles vías de acceso a la formación y el desarrollo personal.

La región, que cuenta con una larga tradición en economía social, sigue apostando por fortalecer este sector como un pilar fundamental para el bienestar social y el crecimiento económico sostenible.