La Junta de Castilla y León ha manifestado su firme rechazo a la propuesta del Gobierno de España de reducir de tres a dos años el período máximo de duración de los nombramientos temporales en el sector público.

Según fuentes de la Consejería de la Presidencia, esta iniciativa, que supuestamente busca mejorar la estabilidad laboral y combatir la precariedad en el empleo público, no sería adecuada para la realidad de la región, especialmente en sectores clave como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El consejero Luis Miguel González Gago expresó que la medida podría generar disfunciones en la prestación de servicios esenciales y dificultar la gestión eficiente de los recursos humanos en Castilla y León, un territorio caracterizado por su extensión y dispersión poblacional.

Además, la aprobación de una oferta pública de empleo y el proceso de selección de nuevos funcionarios requieren de un plazo superior a los dos años propuestos, por lo que la limitación podría obstaculizar la cobertura de las plazas necesarias.

Históricamente, la estabilidad en el empleo público ha sido uno de los pilares fundamentales para garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos en la comunidad.

La región, que cuenta con una de las redes de atención sanitaria más amplias del país, considera que limitar la duración de los contratos podría poner en riesgo la atención a los ciudadanos y la respuesta a situaciones imprevistas.

Por otro lado, la Junta también se opone a la modificación de la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador específico respecto a la temporalidad en los nombramientos y contratos públicos.

La administración autonómica supuestamente considera que esta ley no es el instrumento adecuado para regular aspectos vinculados a la gestión del personal, ya que estos temas deben abordarse mediante normativa laboral y administrativa especializada.

No obstante, González Gago reconoció que la creación de una herramienta digital para facilitar el control y seguimiento de la temporalidad en las administraciones públicas sería beneficiosa.

En este sentido, la Junta ha mostrado su conformidad con la propuesta del Gobierno de crear un aplicativo informático que permita una gestión más transparente y eficiente del empleo público.

Asimismo, la región se mostró favorable a otras medidas presentadas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, como la transformación digital de los procedimientos administrativos y la creación de una red de coordinación entre los servicios de atención a los ciudadanos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la respuesta a sus necesidades.

En un contexto más amplio, la historia reciente de Castilla y León refleja una apuesta constante por la estabilidad laboral en el sector público, considerándola esencial para garantizar la prestación de servicios de calidad en un territorio tan diverso y disperso.

La oposición de la Junta a la reducción del período máximo de los contratos temporales se suma a un largo debate sobre las mejores vías para equilibrar la eficiencia administrativa con la protección de los derechos de los empleados públicos.

Supuestamente, el Gobierno central busca implementar estas medidas en línea con algunas reformas similares en otras comunidades autónomas, pero la comunidad castellano-leonesa mantiene que las soluciones deben ser adaptadas a su realidad y necesidades específicas, priorizando siempre la continuidad y calidad de los servicios públicos esenciales para su población.