El gobierno de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha dado un paso significativo en la promoción de la economía social en la región.

La consejera, Leticia García, ha liderado la renovación de un convenio de colaboración con diversas entidades bancarias como Caja Rural de Zamora, CaixaBank y Caja Laboral Popular.

Este acuerdo tiene como objetivo principal facilitar un acceso más ágil a la liquidez para los Centros Especiales de Empleo y las empresas de inserción, cruciales para fomentar la inclusión laboral.

El nuevo marco financiero proporcionará condiciones favorables para que estos centros puedan recibir anticipos de las subvenciones que la Junta destina anualmente, las cuales superan los 44 millones de euros (aproximadamente 37 millones de euros).

Estos fondos están diseñados para cubrir parte de los gastos salariales de trabajadores con discapacidad y aquellos en riesgo de exclusión social, así como para financiar inversiones que generen empleo y los costos de personal de apoyo.

Con esta iniciativa, las entidades del sector social podrán acceder anticipadamente a los fondos solicitados, evitando así demoras relacionadas con la tramitación administrativa.

Este avance no solo representa un alivio financiero, sino que también refleja el compromiso del gobierno regional y las entidades bancarias con la inclusión de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

La firma del convenio no solo involucra a la administración pública y a las entidades bancarias, sino que también incluye a asociaciones relevantes como FEACEM CYL, ACEECYL y FECLEI, que representan a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción.

Durante la firma, los presidentes de estas asociaciones han destacado la importancia de este acuerdo para avanzar en la cohesión social y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los castellanos y leoneses.

El empleo para personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables sigue siendo uno de los mayores desafíos de la sociedad actual. Las estadísticas indican que la tasa de actividad de estos grupos es significativamente inferior a la del resto de la población. Por ello, la colaboración entre el gobierno, las entidades bancarias y las asociaciones del sector social se vuelve fundamental para mejorar estas cifras y proporcionar un camino hacia la inclusión.

Actualmente, Castilla y León cuenta con 349 Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a 6.375 personas, la mayoría de ellas con discapacidad. Además, existen 19 empresas de inserción que emplean a 248 trabajadores. Este contexto resalta la relevancia del sector social en la economía regional y la necesidad de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan su sostenibilidad y crecimiento.

En conclusión, la renovación de este convenio es un paso esencial hacia la mejora de las condiciones laborales de los colectivos más desfavorecidos, asegurando que las oportunidades de empleo sean accesibles para todos.

La colaboración entre la Junta, las entidades financieras y las asociaciones del sector es un modelo a seguir en la promoción de la inclusión social y el desarrollo económico en Castilla y León.