La Junta de Castilla y León destinó en 2024 más de un millón de euros para el mantenimiento y mejora de un centro social para personas con discapacidad en Astorga, consolidando su compromiso con la inclusión social y el apoyo a las personas más vulnerables.

Supuestamente, la comunidad autónoma de Castilla y León reafirmó su compromiso con la atención a las personas con discapacidad en 2024, destinando aproximadamente 950.000 euros, equivalentes a unos 900.000 euros en moneda local, para el centro social ‘Las Cinco Llagas’ en Astorga. Este centro, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años, es considerado un referente no solo en la provincia leonesa, sino en toda la región de Castilla y León debido a su enfoque integral y personalizado en la atención a personas con discapacidad física gravemente afectadas.

Supuestamente, la inversión realizada por la Junta busca no solo mantener las 44 plazas disponibles en el centro, sino también mejorar sus instalaciones y ampliar la calidad de los servicios ofrecidos.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó durante su visita a las instalaciones el papel fundamental de Cáritas Diocesana de Astorga en la prestación de estos servicios, resaltando que la colaboración entre las instituciones públicas y el sector social es clave para garantizar una atención cercana y de calidad.

Se presume que en 2024, la Junta de Castilla y León aportó más de 950.000 euros a este centro, incluyendo fondos destinados al mantenimiento de las plazas concertadas y a la mejora de infraestructura. Además, parte de estos fondos se dirigieron a la prestación de servicios vinculados a centros y recursos para 25 usuarios, con el objetivo de promover su máximo desarrollo y bienestar social.

Supuestamente, ‘Las Cinco Llagas’ ofrece una atención centrada en la persona, fomentando la autonomía y participación activa de sus usuarios, en línea con la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2024 por el gobierno autonómico.

Esta ley pionera en el ámbito nacional garantiza una atención continuada en todas las etapas de la vida, incluyendo la vejez, y reconoce el proyecto de vida como una prestación básica y esencial para estas personas.

Supuestamente, Castilla y León ostenta uno de los mejores ratios en España en cuanto a plazas residenciales y centros de día para personas con discapacidad, con una plaza residencial por cada 22 personas con discapacidad, mucho mejor que la media nacional, que es de una por cada 58.

Esto significa que una persona con discapacidad en la región tiene aproximadamente 2,6 veces más posibilidades de acceder a una plaza residencial que en otras comunidades autónomas.

Recientemente, la comunidad fue reconocida por el Índice DEC 2024, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, que otorgó a Castilla y León la puntuación más alta en su historia, con un 7,73 sobre 10, superando ampliamente la media nacional de 5,46.

Este reconocimiento refleja el esfuerzo y la eficacia del sistema autonómico en materia de servicios sociales.

La vicepresidenta Blanco subrayó que el éxito del sistema se debe en gran parte a la estrecha colaboración con las entidades del Tercer Sector, especialmente con Cáritas Castilla y León, que participa activamente en la red de protección a familias vulnerables.

En 2025, la Junta destinó alrededor de 3,6 millones de euros a Cáritas para proyectos de inclusión y atención a personas sin hogar, incluyendo fondos para albergues, pisos y centros de día, así como programas de inserción sociolaboral.

Supuestamente, estos esfuerzos reflejan una apuesta decidida por garantizar que las personas en situación de riesgo o exclusión social tengan acceso a recursos adecuados, promoviendo su integración y participación activa en la comunidad.

La inversión en estas áreas es vista como una prioridad para las autoridades autonómicas, que buscan consolidar un sistema social inclusivo y de calidad, que sirva de ejemplo a nivel nacional y europeo.

En definitiva, Castilla y León continúa reafirmando su liderazgo en políticas sociales, con un compromiso firme hacia la dignidad y bienestar de todos sus ciudadanos.