La Junta de Castilla y León ha llevado al Consejo Territorial de Servicios Sociales una reclamación contundente: la deuda histórica que mantiene el Gobierno central con la comunidad en materia de dependencia.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, explicó que, si sumamos todo lo que el Estado no ha aportado en años, la cifra llega a 4.631.711.373 euros. Además, subrayó que para 2026 se ha aprobado un incremento de financiación mediante Real Decreto-Ley, pero ese aumento no resuelve la financiación estructural ni garantiza la viabilidad ni la estabilidad del sistema que atiende a casi 128.000 personas dependientes en Castilla y León.

Vázquez insistió en que ese incremento es puntual, no se apoya en presupuestos generales y llega por la vía del decreto. Eso genera desconfianza y deja a la dependencia en una posición frágil a medio y largo plazo. En otras palabras: el Estado podría haber dado respuesta antes, y Castilla y León ha tenido que tirar del propio presupuesto para cubrir la aportación que correspondía al Gobierno central durante años de incumplimiento.

El consejero recordó que la Ley estatal obliga a la Administración central a aportar el 50% del coste de las prestaciones, y no solo una parte. Por eso, la subida anunciada para 2026, al no garantizar continuidad para 2027 y siguientes, no aporta seguridad a 128.000 personas ni al conjunto de trabajadores y servicios que sostienen la dependencia.

Aunque, de cara a buscar soluciones más sólidas, Vázquez propone mirar al modelo vasco; un acuerdo fuera del Real Decreto-Ley que, en ese planteamiento, no solo asegure el 50% mínimo, sino el gasto certificado en su totalidad y, además, garantice la financiación para 2027.

El Ejecutivo autonómico también ha mostrado su preocupación por la nueva ley de Dependencia que está en trámite. El Real Decreto actual tiene un carácter temporal y no prevé con rigor el coste real de los servicios ni el crecimiento de plantilla que el Ministerio prevé en los próximos años.

Todo ello añade inestabilidad al sistema, que ya ha sufrido años de recortes y retrasos.

Como contexto histórico, la Ley de Dependencia de 2006 establecía esa obligación de financiación, pero en la práctica la distribución entre la Administración central y las comunidades ha sido objeto de numerosas tensiones.

Desde 2023, los presupuestos en España han estado prorrogados y no se ha garantizado un marco plurianual claro para la dependencia. Castilla y León atiende a unas 128.000 personas dependientes y, en la práctica, ha tenido que compensar con recursos propios la falta de aportación estatal.

En resumen, la Junta de Castilla y León mantiene su demanda de que el Gobierno central cumpla con la Ley y pague la deuda; mientras tanto, reclama fórmulas más sólidas y sostenibles que garanticen la atención de dependencia para este año y el próximo, sin depender de parches legislativos de corta duración.

Esta situación se enmarca dentro de un debate más amplio sobre la financiación de servicios sociales y la responsabilidad de las administraciones en garantizar derechos básicos a colectivos vulnerables, tal como se ha planteado en otros territorios del país, incluyendo el País Vasco, con acuerdos que buscan certezas presupuestarias para varios ejercicios.