La directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, Cristina Frías, ha estado presente en el IX Congreso Nacional de Cooperativas Agroalimentarias de España, que se ha celebrado en Palma de Mallorca.

Este evento ha congregado a más de un millar de cooperativistas de toda España, así como a profesionales del sector, autoridades y expertos en diversas áreas, bajo el lema 'Sostenibilidad con Personas'.

El congreso ha abordado temas cruciales para el futuro del mercado único europeo y la situación del sector agrario en la Unión Europea, destacando el papel fundamental que desempeña España en este contexto.

La importancia de estas discusiones radica en que el sector agroalimentario no solo es vital para la economía, sino que también tiene un impacto significativo en la sostenibilidad ambiental y social del país.

Entre los participantes se encontraba Fernando Antúnez, presidente de la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias (Urcacyl), quien ha enfatizado la necesidad de fortalecer el cooperativismo como modelo de negocio sostenible.

En este sentido, se ha presentado el Plan Estratégico de Cooperativismo Agroalimentario Español 2025-2028, que busca trazar las líneas de desarrollo para los próximos años.

Castilla y León es una de las comunidades autónomas más relevantes en el ámbito del cooperativismo agroalimentario, ocupando el tercer lugar en volumen de facturación, que superó los 3.960 millones de euros en el último ejercicio. Este sector emplea a más de 4.000 personas y ofrece servicios a más de 35.000 socios agricultores y ganaderos en la región.

Actualmente, la Junta de Castilla y León está implementando el Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027, en colaboración con Urcacyl, que incluye 44 medidas con un presupuesto de 23 millones de euros.

Este plan tiene como objetivo promover el modelo cooperativo como una fórmula efectiva para desarrollar el sector primario en la comunidad.

De acuerdo con los datos, durante el primer año de implementación, se han destinado 4,62 millones de euros para llevar a cabo 15 de las 17 medidas que dependen del Gobierno autonómico.

Solo queda pendiente un diagnóstico sobre la digitalización del sector cooperativo, que permitirá acceder a ayudas para diseñar e implementar planes de apoyo a la transformación digital.

Es fundamental que el cooperativismo agroalimentario continúe evolucionando y adaptándose a los cambios globales, especialmente en un contexto post-pandemia donde la sostenibilidad y la economía circular son más relevantes que nunca.

La colaboración entre instituciones y el sector privado será clave para enfrentar los desafíos futuros y asegurar un desarrollo sostenible y próspero para todos los involucrados en la cadena agroalimentaria.