La Junta de Castilla y León se opone a la decisión de Renfe de suprimir paradas en servicios ferroviarios clave, afectando a la movilidad y cohesión territorial de la región.

El 22 de mayo de 2025, la Junta de Castilla y León expresó su rotundo rechazo ante la reciente decisión unilateral de Renfe de eliminar varias paradas en los servicios ferroviarios que conectan la región con Madrid y Galicia.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, afirmó que esta medida representa un ataque directo a los derechos de los ciudadanos que residen en zonas rurales y dependen del ferrocarril para sus desplazamientos diarios.

La región, con una historia ferroviaria que data de principios del siglo XX, ha sido tradicionalmente un territorio con una extensa red que ha facilitado la cohesión social y económica, especialmente en áreas menos pobladas.

Desde la década de 1920, Castilla y León ha visto cómo el ferrocarril ha sido un elemento clave en su desarrollo, conectando pequeñas localidades con centros urbanos importantes.

La supresión de paradas en líneas como la Galicia-Madrid y en rutas que atraviesan localidades como Sanabria, Segovia y Medina del Campo, pone en riesgo la movilidad de miles de habitantes.

Además, esta decisión llega en un momento en que la región ha intensificado esfuerzos para reducir la brecha territorial y luchar contra la despoblación, un fenómeno que ha afectado de manera significativa a áreas rurales desde hace varias décadas.

El Ejecutivo autonómico solicitó a Renfe que reconsidere esta medida y que proporcione información concreta sobre los cambios previstos, ya que hasta la fecha, solo ha habido anuncios sin detalles específicos.

Sanz Merino criticó la falta de diálogo previo y la falta de colaboración institucional, lo cual ha generado confusión entre los usuarios y las administraciones regionales.

La Junta también hizo hincapié en que la reducción del tiempo de viaje entre Madrid y Galicia no puede justificarse en base a criterios económicos, si esto implica sacrificar servicios esenciales para la población.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León también instó a Renfe a incrementar la oferta de plazas en los servicios AVANT, que conectan ciudades como Segovia, Valladolid y Madrid.

La demanda en estos trenes es alta, con billetes agotados con varias semanas de antelación, especialmente en el corredor más utilizado, que en ocasiones alcanza el 100% de ocupación.

La región apuesta por la bonificación del 25 % en los costes de los bonos de viaje, una iniciativa que en 2024 permitió la distribución de aproximadamente 204.658 bonos, con una inversión cercana a los 16 millones de euros.

Asimismo, la Junta solicitó la recuperación de servicios ferroviarios que se habían prometido en el pasado, como las conexiones adicionales con Salamanca y la adecuación de horarios en rutas desde Zamora a Madrid.

También reivindicó la llegada de trenes de vía estrecha al centro de León y la modernización de su material rodante. La mejora de líneas convencionales, como Soria-Torralba, Ávila-Madrid y Ávila-Medina del Campo, también forma parte de las prioridades de la región.

Otra de las propuestas de la Junta es la creación de lanzaderas AVE para núcleos de población como Sanabria, Segovia, Burgos y Medina del Campo, además del mantenimiento de la lanzadera Soria-Calatayud para enlazar con el AVE Madrid-Barcelona.

El consejero afirmó que la colaboración institucional con Renfe continuará, siempre en defensa de la cohesión y la equidad territorial, y que la Junta seguirá trabajando para mejorar las conexiones ferroviarias en Castilla y León, como elemento fundamental para combatir la despoblación y fortalecer el desarrollo social y económico de la región.

Este conflicto en materia ferroviaria se enmarca en una historia de esfuerzos continuos por parte de la región para garantizar un transporte eficiente y accesible.

La región ha sido pionera en iniciativas de movilidad sostenible y en promover políticas de transporte público que favorecen la reducción de emisiones contaminantes y el bienestar social.

Con la llegada de los fondos europeos y las inversiones en infraestructura, Castilla y León aspira a modernizar su red ferroviaria y a mantener su papel como un eje estratégico en el noroeste de España.

La batalla por mantener y mejorar los servicios ferroviarios refleja el compromiso de la Junta con sus ciudadanos y su determinación de preservar su patrimonio y cohesión social frente a decisiones que puedan minar su desarrollo futuro.