La deuda de Castilla y León al cierre del segundo trimestre de 2025 se sitúa en 14.558 millones de euros, equivalente al 18,8 % del PIB, lo que la posiciona por debajo de la media autonómica del 21 %. Este nivel de endeudamiento ha sido valorado positivamente por Moody's, consolidando la buena gestión financiera de la región.

Castilla y León ha cerrado el segundo trimestre de 2025 con unos indicadores financieros que reflejan una gestión presupuestaria responsable y eficiente.

Según los datos publicados por el Banco de España, la deuda total de la comunidad autónoma se sitúa en aproximadamente 14.558 millones de euros, lo que equivale a un 18,8 % del Producto Interior Bruto (PIB). En términos relativos, este porcentaje es 2,2 puntos porcentuales menor que la media de las comunidades autónomas españolas, que se mantiene en torno al 21 % al cierre del mismo período.

Este menor nivel de endeudamiento es uno de los factores que ha sido valorado favorablemente por la agencia de calificación crediticia Moody's, que continúa considerando el perfil financiero de Castilla y León como sólido dentro del contexto autonómico.

La buena gestión presupuestaria, junto con el control del déficit y la capacidad de acceder a los mercados financieros en condiciones favorables, ha permitido a la comunidad mantener un nivel de deuda que no compromete su estabilidad fiscal.

Cabe destacar que, en el análisis del endeudamiento en términos de las cuentas nacionales europeas (Sistema Europeo de Cuentas 2010), la mayor parte de la deuda de Castilla y León proviene de emisiones de deuda pública, que representan aproximadamente el 23,4 % del total de la deuda regional, equivalente a unos 3.400 millones de euros. Además, la comunidad mantiene en su cartera de deuda un préstamo con el Fondo de Facilidad Financiera por valor de 1.385 millones de euros, y deuda con entidades multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que suman más de 1.542 millones de euros.

Desde una perspectiva de vencimiento, casi la totalidad de la deuda (el 99 %) está formalizada a largo plazo, lo que reduce los riesgos asociados a la necesidad de refinanciación.

Asimismo, la mayor parte del endeudamiento (el 68,5 %) tiene una estructura de interés fija, protegiendo a la comunidad ante posibles subidas en los tipos de interés, como el Euribor, que actualmente se encuentra en niveles bajos.

Supuestamente, estas cifras reflejan una tendencia estable en la política fiscal de Castilla y León, que ha sabido gestionar sus recursos sin incrementar excesivamente su deuda, en línea con las recomendaciones europeas y las reglas fiscales nacionales.

Es importante recordar que, en 2024, la región cumplió con los límites de endeudamiento establecidos, según el informe del Ministerio de Hacienda. Además, la deuda de empresas públicas autonómicas que no están incluidas en los parámetros oficiales (SEC 2010) se estima en unos 4.104 millones de euros, aunque no hay asignaciones adicionales para Castilla y León en este apartado.

En conjunto, estos datos sitúan a Castilla y León como una de las regiones con menor endeudamiento en España, con una ratio de deuda respecto al PIB que, a finales de junio de 2025, se sitúa en el 18,8 %, claramente por debajo de la media autonómica.

La posición fiscal estable y la gestión eficiente de los recursos públicos han sido clave para mantener esta tendencia, aun en un contexto económico global marcado por incertidumbres y cambios en los mercados financieros.

Supuestamente, la consolidación de estos indicadores refuerza la confianza en la política económica de la Junta de Castilla y León, que continúa priorizando la sostenibilidad fiscal y la calidad de los servicios públicos.

Todo ello, en un escenario donde la comunidad autónoma mantiene su capacidad de inversión y respuesta ante los desafíos futuros, sin poner en riesgo su estabilidad financiera a largo plazo.