El presidente Donald Trump ha dado un nuevo paso para proteger el bolsillo de los estadounidenses. Hoy ha anunciado la ampliación de su 'Compromiso de Protección al Consumidor' (Ratepayer Protection Pledge), un acuerdo por el que las grandes empresas tecnológicas se hacen cargo de todos los gastos eléctricos de sus centros de datos.

Así, cuando se construye una instalación para alimentar la inteligencia artificial, los dueños del centro pagan la generación de electricidad, las líneas de transmisión y demás infraestructuras.

El resultado es que los hogares y las pequeñas empresas no ven ni un solo euro de aumento en su factura de la luz.

Este compromiso no es nuevo, pero ahora se ha ampliado a más de 200 compañías eléctricas, cooperativas y estados. Según la Casa Blanca, ya cubre el 80% de toda la electricidad que se distribuye en Estados Unidos, protegiendo a 263 millones de personas. Es decir, ocho de cada diez estadounidenses están a salvo de posibles subidas cuando se instala un centro de datos cerca de su casa.

Y no es solo una promesa: ya hay ejemplos concretos de que funciona. En Michigan, los acuerdos de DTE Energy con Google y Oracle han generado ahorros millonarios para los clientes. En Indiana, los pactos de NiSource con Amazon y Alphabet devolverán al menos 1.400 millones de dólares a los hogares en los próximos 15 años. En Georgia, la compañía Southern ha congelado las tarifas base hasta 2029 y ha entregado más de 1.700 millones en ahorros, lo que supone más de 100 dólares al año para un hogar típico. En Misisipi, Entergy y Amazon han logrado unos beneficios totales para los consumidores de unos 2.000 millones de dólares. En Wisconsin, Alliant Energy ha congelado las tarifas durante cinco años gracias a sus acuerdos con QTS y otros promotores. En Luisiana, Meta paga el 100% de los costes de conexión de su centro de datos en Richland Parish. Y en Texas, Crusoe ha instalado su propia central eléctrica de gas natural y baterías para alimentar su campus de 900 megavatios en Abilene, sin repercutir ningún coste a la red.

Para entender la importancia de este pacto, conviene echar la vista atrás. Históricamente, las compañías eléctricas han sido monopolios regulados que trasladaban todos los costes de las nuevas inversiones a los consumidores.

Esto provocó que en los años 70 y 80, cuando se construyeron grandes centrales nucleares o de carbón, las tarifas se dispararan. Ahora, con el auge de la inteligencia artificial, la demanda de electricidad está creciendo como nunca. Los centros de datos necesitan enormes cantidades de energía las 24 horas del día. Sin este tipo de acuerdos, las eléctricas habrían tenido que construir nuevas plantas y líneas, y el coste habría recaído sobre todos los usuarios.

De hecho, en algunos estados como California o Nueva York, ya se habían producido subidas importantes precisamente por la llegada de grandes centros de datos.

Trump ha cortado de raíz ese problema.

Además, este compromiso demuestra que se puede liderar el mundo en inteligencia artificial y computación avanzada sin cargar a las familias trabajadoras con la factura.

Es una solución de mercado, no un impuesto. Las empresas que más energía consumen asumen sus costes, y los ciudadanos no tienen que pagar por el progreso tecnológico. Es justo y eficiente.

En resumen, el Compromiso de Protección al Consumidor de Trump es un ejemplo de cómo las alianzas público-privadas bien diseñadas pueden beneficiar a todo el mundo.

Las tecnológicas tienen la energía que necesitan para seguir innovando, y los hogares y negocios mantienen sus facturas bajo control. Una vez más, el presidente demuestra que pone a los ciudadanos por delante de las grandes corporaciones.