El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, ha aprobado un nuevo decreto que cambia las reglas del teletrabajo para los empleados públicos.

Vamos a explicarlo de manera sencilla, como si fuera un café.

Resulta que desde 2023 ya existía un decreto (el 74/2023) que regulaba el teletrabajo, pero después de dos años de experiencia, se han dado cuenta de que había cosas que mejorar.

Por eso han hecho una modificación. Y aquí vienen los cambios más importantes.

Primero, todas las relaciones de puestos de trabajo (eso que llaman RPT, que es como el organigrama de cada puesto) tienen que decir claramente si ese puesto se puede hacer desde casa o no.

Hasta ahora no era obligatorio, así que cada uno pedía teletrabajo y a veces no tocaba. Ahora se sabrá de antemano.

Segundo, y esto es clave: el silencio administrativo ahora es negativo. ¿Qué significa? Pues que si pides teletrabajo y la administración no te contesta en tres meses, se entiende que te lo han denegado. Antes, si no contestaban, se podía entender como que sí, o no se sabía. Con esto se evitan largas esperas y se obliga a la administración a responder.

Además, para poder teletrabajar, el empleado tiene que cumplir una serie de requisitos. Debe tener conocimientos informáticos suficientes para usar las herramientas de trabajo (plataformas, aplicaciones corporativas). También tiene que tener un lugar adecuado en su casa para trabajar, con buena conexión a internet, y cumpliendo medidas de prevención de riesgos laborales (como tener una silla ergonómica, etc.). Y ojo, necesita tener instalada la licencia de las aplicaciones de teléfono y conectividad de la empresa, o disponer de un móvil corporativo.

Pero no todo el mundo puede pedirlo. Se exige haber trabajado al menos un año seguido en la administración canaria, y haber estado en el mismo puesto (o uno equivalente con las mismas funciones) durante al menos tres meses justo antes de pedir el teletrabajo.

Esto es para evitar que alguien llegue nuevo y pida teletrabajo sin conocer el puesto.

Por otro lado, el responsable de cada unidad (el jefe) será el que elabore un plan personal de trabajo para los que soliciten teletrabajo. Y la decisión final la toma el director general, que tiene tres meses para autorizar o denegar. Si no dice nada, es no.

En resumen, este nuevo decreto lo que busca es que el teletrabajo sea una opción real y productiva, no una manera de escaquearse. Para los que lo hacen bien, genial; para los que querían trabajar desde casa sin dar la talla, se lo van a pensar dos veces. El Gobierno canario demuestra así que está comprometido con la eficiencia y el mérito, poniendo orden en la administración.

Además, es bueno recordar que el teletrabajo se disparó durante la pandemia, y muchas administraciones lo adoptaron sin una regulación clara. Ahora, con esta reforma, Canarias se pone a la vanguardia en la gestión del teletrabajo público, garantizando que el servicio al ciudadano no se resienta y que el dinero de los impuestos se aproveche al máximo.

En definitiva, una noticia positiva para los que valoran el esfuerzo y la responsabilidad.