El Gobierno de Canarias, de la mano del consejero Poli Suárez, ha dado un golpe de timón en la educación de las islas. Han presentado una nueva ley que, por fin, pone sentido común en la atención a la diversidad. Y lo mejor: lo han hecho escuchando a todos, desde familias hasta profesores, pasando por expertos y sindicatos. No es una imposición de despacho, sino un acuerdo de país.

La llamada Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado viene a arreglar lo que muchos padres llevaban años denunciando. Hasta ahora, los niños con necesidades especiales solían acabar en Aulas Enclave, que eran como guetos dentro de los colegios. Una vez allí, era muy difícil salir. Con la nueva norma, esas aulas dejan de ser una condena. Pasan a ser temporales, revisables y reversibles. El alumno estará en una clase normal, con sus compañeros, y recibirá apoyos extra cuando los necesite. Pero lo más importante: las familias podrán elegir el centro que quieran, sin que les obliguen a ir al de su barrio. ¡Adiós al emparejamiento forzoso!

Y no solo eso. La ley reconoce que la diversidad va mucho más allá de las discapacidades. Habla de diferencias culturales, lingüísticas, sociales, religiosas, de género... Y deja claro que la escuela debe ser un lugar donde todos tengan cabida, pero sin cargas ideológicas. Se trata de respetar la libertad de cada uno y de dar herramientas para que todos los alumnos puedan desarrollar sus capacidades al máximo.

Para que esto funcione, el Gobierno no se ha quedado en promesas. Ya ha aumentado el número de profesionales: hoy hay más de 3.400 especialistas en atención a la diversidad, frente a los 2.000 de hace unos años. Los auxiliares educativos han pasado de menos de 1.000 a casi 2.000. Y se han sumado 20 nuevos centros a la red de apoyo al autismo. Además, la ley exige que todos los profesores se formen obligatoriamente en bienestar y diversidad. Porque de nada sirve una norma si quien está en clase no sabe aplicarla.

Este cambio no ha sido improvisado. El borrador lo ha preparado la Dirección General de Ordenación, Inclusión e Innovación, y ya está en trámite parlamentario. Suárez lo ha defendido como una ley "ambiciosa" que busca un cambio de cultura en las escuelas. Y tiene razón: no se trata solo de papeles, sino de que los centros educativos se conviertan en espacios más acogedores, seguros y accesibles para todos.

En definitiva, Canarias demuestra que se puede avanzar hacia una educación más inclusiva sin radicalismos, con diálogo y respeto a las familias. Una ley que pone orden, que devuelve la libertad de elección y que apuesta por el mérito de cada alumno. Eso es lo que necesitamos: sentido común y manos a la obra.

(La noticia original proviene del Gobierno de Canarias y ha sido adaptada para este artículo.)