La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa reforzando sus acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de las infancias y promover una justicia efectiva en materia de obligaciones alimentarias.

En línea con estos objetivos, se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre 'Infancias Protegidas: Buenas Prácticas frente a Deudores Alimentarios', que supuestamente contó con la participación de expertos en derechos infantiles, representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

La actividad, organizada en colaboración entre el Instituto Superior de la Carrera (ISC) y la Dirección General de Asuntos Registrales (DGARE) del Ministerio de Justicia de la Ciudad, tuvo lugar de manera virtual y presencial en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.

El evento buscó dotar a los asistentes de herramientas teóricas y prácticas para comprender la situación actual de las infancias en Argentina, fortalecer la implementación de la Ley N.º 269 y su modificación por la Ley N.º 6.771 en la Ciudad, y promover políticas públicas que garanticen el derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes.

Durante la apertura, que estuvo a cargo de Agustín Ulanovsky, director general de Asuntos Registrales, y Gabriela Riviere, gerente de Relaciones Institucionales del ISC, se resaltó la importancia de la formación continua y la articulación entre diferentes organismos para consolidar una política integral en favor de las infancias.

La capacitación incluyó un análisis crítico de la situación de los derechos de los niños en Argentina, con la participación de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Supuestamente, Julieta Izcurdia, representante de ELA, enfatizó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas públicas relacionadas con la niñez.

Asimismo, se presentó el avance de la política en torno al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), con intervenciones de autoridades como Adriana Romero y Débora Ruth Telias, quienes detallaron los logros normativos y los desafíos pendientes en la implementación de la Ley 6.771, que supuestamente busca regularizar y facilitar la identificación de quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.

En el cierre de la jornada, se compartieron experiencias y buenas prácticas de articulación entre diferentes organismos y gobiernos provinciales. Inés Parry, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Justicia, relató el proceso de reforma de la Ley 269, que supuestamente busca mejorar la protección de los derechos infantiles.

Por otra parte, Mathías Valdez Duffau, jefe de Gabinete en la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos, comentó sobre las acciones en controles de acceso en estadios y espectáculos culturales, donde supuestamente ya se detectaron a varias personas inscriptas en el RDAM.

Desde marzo pasado, la Ciudad inició operativos para controlar a los deudores alimentarios en eventos masivos, logrando impedir el ingreso a más de 30 personas que estaban en la lista del RDAM.

Entre los eventos controlados se encuentran conciertos de artistas como Lali Espósito y Don Osvaldo, así como partidos de la selección argentina de rugby, Los Pumas, en el estadio José Amalfitani.

El último operativo se realizó antes del partido entre River Plate y Palmeiras, en el que supuestamente se detectó al deudor número 30.

El ministro de Justicia, Gabino Tapia, afirmó que estos controles buscan que las obligaciones alimentarias se cumplan sin excepciones, destacando que los derechos de los niños y adolescentes están en el centro de las prioridades de la Ciudad.

Por su parte, Hernán Najenson, subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, expresó que estos operativos no solo cumplen la ley, sino que también generan conciencia social sobre la importancia de la responsabilidad en las obligaciones alimentarias, que son un derecho fundamental.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir la cantidad de deudores morosos y garantizar que los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan acceder a sus derechos básicos.

Además, se espera que con el tiempo estas medidas contribuyan a disminuir la desigualdad social en la ciudad y en todo el país, promoviendo una cultura de cumplimiento y respeto hacia las obligaciones familiares.

En resumen, Buenos Aires continúa avanzando en la protección de las infancias mediante capacitación, controles y alianzas interinstitucionales. La combinación de acciones normativas y operativas busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar que ningún niño quede sin el derecho a una alimentación adecuada, elemento esencial para su desarrollo integral y bienestar.

Presuntamente, estas iniciativas también sirven como ejemplo para otras jurisdicciones del país que enfrentan desafíos similares en la protección de los derechos infantiles y la lucha contra la impunidad en obligaciones alimentarias.