La administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha anunciado la implementación de una importante moratoria fiscal que entrará en vigor a partir del 3 de noviembre de 2025.

La medida busca ofrecer a los contribuyentes la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones tributarias, beneficiándose de facilidades de pago y condonaciones de intereses y punitorios, en un esfuerzo por aliviar la carga financiera en un contexto económico desafiante.

Esta iniciativa, que alcanza a todas las deudas de impuestos vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, permitirá a los vecinos regularizar su situación en un plazo de hasta 48 cuotas mensuales, con un período de gracia de 90 días para adhesión.

La propuesta es especialmente relevante considerando que, según datos históricos, la carga fiscal en la ciudad ha ido en aumento en las últimas décadas, siendo uno de los factores que afectan la economía local y la capacidad de ahorro de los ciudadanos.

Entre los beneficios destacados de esta moratoria se encuentra la posibilidad de condonar total o parcialmente los intereses y punitorios, con quitas que en algunos casos alcanzan hasta el 100%, dependiendo del plazo de adhesión y del monto de la deuda.

Además, incluye tanto deudas administrativas como judiciales, y en estas últimas, se suspenderán los plazos procesales y la prescripción penal, lo que podría facilitar una resolución más rápida para muchos contribuyentes.

Supuestamente, esta medida también contempla la cancelación total de la acción penal, infraccional o delictual, en caso de que la deuda sea saldada en su totalidad, ya sea en un pago único o en plan de cuotas.

La iniciativa busca que la regularización sea accesible y justa, promoviendo la formalización de los contribuyentes y evitando que las deudas se vuelvan insostenibles.

Por otro lado, en línea con la búsqueda de mayor equidad, la Ciudad ha establecido un nuevo esquema para calcular los honorarios de los mandatarios judiciales que intervienen en procesos de ejecución de deudas.

Este esquema, que se basa en la proporcionalidad respecto al monto de la deuda, pretende evitar honorarios excesivos y desproporcionados, que en algunos casos superaban el valor principal adeudado.

Supuestamente, esto se logró actualizando el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), que actualmente equivale a aproximadamente 115 euros, y ajustando los montos mínimos y máximos de honorarios según la deuda.

Con el nuevo sistema, los honorarios se calcularán en función del porcentaje de la deuda, con un mínimo de aproximadamente 134 euros para deudas menores a 320.000 euros (3 UMA). Para deudas mayores a esa cantidad, los honorarios podrán llegar hasta el 10% del monto total, con un mínimo de 268 euros. Además, los contribuyentes podrán pagar estos honorarios en hasta seis cuotas, facilitando aún más el cumplimiento.

Supuestamente, estos cambios buscan que regularizar la situación fiscal de los vecinos sea más razonable y equilibrada, promoviendo una relación más justa entre la administración y los contribuyentes.

La medida también incluye un aumento en el monto mínimo de deuda judicializable, que pasa de aproximadamente 67.000 euros a unos 100.000 euros, con el fin de que solo las deudas de mayor envergadura sean objeto de ejecución judicial y honorarios elevados.

En un contexto global donde los gobiernos buscan fortalecer la recaudación sin afectar demasiado a los ciudadanos, Buenos Aires se posiciona nuevamente como una ciudad que intenta equilibrar la necesidad de recursos con la justicia social.

La implementación de esta moratoria y las modificaciones en los honorarios judiciales podrían servir como ejemplo para otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares en la gestión tributaria.

En definitiva, esta iniciativa busca no solo mejorar la recaudación fiscal, sino también promover una cultura de pago responsable y facilitar a los contribuyentes la regularización de su situación, en un momento donde la economía global y local requiere de medidas innovadoras y justas para todos.