El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado recientemente el proyecto de Ordenanzas Fiscales para el año 2026, en el cual se mantiene la tendencia de reducir la carga impositiva para sus habitantes y empresas.

La ciudad continúa siendo una de las más atractivas en España en términos fiscales, según confirma un reciente informe del Consejo General de Economistas, que destaca la baja presión fiscal en la capital aragonesa.

Este informe, titulado 'Fichas socioeconómicas', señala que la recaudación por habitante en impuestos y tasas municipales en Zaragoza ha experimentado una disminución del 0,6% durante el último año, consolidando su posición como una de las ciudades con menor carga fiscal en el país.

La política del consistorio busca promover la libertad económica y facilitar la creación de empleo mediante una intervención fiscal mínima.

Blanca Solans, consejera de Hacienda y Fondos Europeos, explicó que si Zaragoza hubiera actualizado los tipos impositivos conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) en los últimos dos años, los contribuyentes habrían soportado un coste adicional de aproximadamente 24,8 millones de euros, equivalentes a unos 26.300.000 euros en moneda europea. Esto refleja el compromiso del ayuntamiento con una política fiscal prudente y favorecedora para sus ciudadanos.

Dentro del plan fiscal, que abarca 42 ordenanzas, se han realizado modificaciones en 10 de ellas, principalmente para introducir mejoras técnicas. Los cambios que afectan a la recaudación se limitan a solo tres ordenanzas, relacionadas con tasas medioambientales, que representan un 7% del total y también han sido actualizadas para reflejar los aumentos en el IPC, que en 2026 se sitúa en un 2,8%.

Una de las novedades del plan es la introducción de bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para incentivar la inversión en la ciudad.

En particular, se establece un límite de 600.000 euros en las bonificaciones para las empresas constructoras y promotoras, con el objetivo de atraer proyectos de mayor escala.

Asimismo, se amplían las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para locales comerciales afectados por obras en la vía pública, extendiendo beneficios que anteriormente estaban dirigidos solo a pequeños comercios.

Ahora, bares, restaurantes y cafeterías en obras podrán acceder a bonificaciones que oscilan entre el 25% y el 95%, en función de la duración de las obras, que varía entre 3 y 12 meses.

Otra medida destacada es la reducción del 50% en el ICIO para comunidades de propietarios que requieran reformas en sus edificios, en cumplimiento con las inspecciones técnicas de edificios.

La iniciativa busca facilitar la modernización de las viviendas y promover la eficiencia energética en el parque inmobiliario de la ciudad.

En materia de tasas medioambientales, las tarifas se actualizan conforme al IPC, que en 2026 es de un 2,8%. Así, el coste adicional para un hogar medio en conceptos como el abastecimiento de agua y la recogida de residuos sería de aproximadamente 16,70 euros anuales, sumando un total de unos 33,40 euros en ambas tasas.

Estas actualizaciones permiten al ayuntamiento mantener la sostenibilidad financiera de los servicios de agua y residuos, garantizando una mejor gestión y calidad en los servicios públicos.

El Ayuntamiento también ha decidido mantener congeladas las tarifas en piscinas municipales y escuelas infantiles, considerados servicios esenciales.

Los abonos para piscinas podrán gestionarse de forma telemática, y las tarifas gratuitas en instalaciones deportivas se extenderán al segundo ciclo de educación infantil, beneficiando a las familias y promoviendo la actividad física.

Por último, el proceso de tramitación del proyecto continúa con una serie de pasos administrativos que culminarán en diciembre. Los ciudadanos podrán presentar votos particulares hasta el 7 de octubre, y la aprobación definitiva en Pleno municipal está prevista para el 23 de diciembre, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Todo ello demuestra el compromiso del consistorio con una gestión fiscal responsable, orientada a favorecer la inversión, la creación de empleo y la calidad de vida de sus habitantes.