El próximo Consejo de Gerencia de Urbanismo en Zaragoza tiene previsto presentar una propuesta que marcará un hito en la planificación urbana de la ciudad, al someter a información pública el convenio de planeamiento del Área E-7, conocida como Instalaza.

Esta iniciativa supone el primer paso para resolver una problemática que lleva más de 20 años sin solución, relacionada con una cicatriz urbana que divide la ciudad y que, según fuentes municipales, finalmente será cerrada mediante un proceso de transformación urbanística.

Supuestamente, la zona en cuestión, situada en el noreste del casco urbano, ha sido durante décadas un espacio dedicado a actividades industriales, que ahora se busca reconvertir en un conjunto de viviendas y zonas verdes.

La idea principal es que la actividad industrial instalada en el área pueda trasladarse a terrenos próximos, en el entorno del antiguo Polvorín de Cadrete, permitiendo así la eliminación de una presencia industrial en una zona consolidada y rodeada de espacios residenciales y zonas verdes.

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha explicado que la empresa Instalaza, que actualmente ocupa el espacio, se compromete a trasladar sus instalaciones fuera del casco urbano a cambio de un plan que permita elevar la edificabilidad y densidad en el sector.

Presuntamente, este acuerdo facilitará que la calificación del suelo pase de zona E (industrial) a zona G (residencial), en consonancia con otros procesos similares en áreas urbanas de Zaragoza, y responde a una reivindicación histórica de vecinos y colectivos ciudadanos.

El área delimitada por el plan de intervención, conocida como E-7, limita al noreste con el paseo de Echegaray y Caballero, al sureste con el conjunto Aloy Sala, y al suroeste con un espacio verde triangular y la calle Félix Rodríguez de la Fuente.

Al oeste, conecta con la calle Monreal. Aunque la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana data de hace más de dos décadas, no fue hasta ahora cuando se empezaron a dar pasos concretos hacia la transformación, en parte debido a cambios en el mercado inmobiliario y a diferentes criterios políticos.

Desde 2010, se han intentado distintos convenios urbanísticos para ampliar la capacidad de viviendas en la zona, llegando a proponer hasta 170 viviendas en algunos momentos, pero sin que estos acuerdos prosperaran.

La propuesta actual, que aún está en fase de análisis y detalles, contempla que el número de viviendas pase de 90 a 155, con una participación del 20 % de viviendas protegidas y una cesión de suelo del 57,48 %, equivalente a unos 6.140 m². Además, se prevé que 31 de estas viviendas sean de protección pública, y que en el proceso de cesión se incluya una compensación económica al Ayuntamiento, estimada en aproximadamente 930.000 euros.

Supuestamente, la modificación no solo busca aumentar la densidad y la edificabilidad, sino también regenerar el entorno, creando espacios abiertos y conectados con la ribera del río Ebro.

La propuesta incluye además la reubicación de la actividad industrial, que en el pasado generó tensiones y reclamaciones vecinales, y que presuntamente será desplazada a terrenos más alejados del centro de la ciudad, en una zona que actualmente está en proceso de cambio de uso.

El edil Serrano afirma que esta operación urbanística no solo resolverá un problema de más de 20 años, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos, al generar nuevas viviendas públicas, espacios verdes y una mejor conexión con el entorno.

Además, con esta iniciativa, Zaragoza continúa en su camino de regeneración urbana, transformando antiguas áreas industriales en zonas residenciales y de ocio, en línea con las tendencias europeas de reactivación de barrios históricos.

En resumen, esta propuesta representa un paso importante en la modernización y reurbanización de Zaragoza, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y cohesión social que el ayuntamiento ha venido promoviendo en los últimos años.

La modificación, que aún debe pasar por diferentes fases de evaluación y participación pública, promete convertir un espacio que durante décadas fue símbolo de la actividad industrial en un referente de vivienda, espacios verdes y vida urbana moderna.