El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado una nueva etapa en su apuesta por la formación y la inserción laboral de jóvenes al adjudicar un contrato que eleva de forma histórica la inversión en los Centros Sociolaborales.

La operación, para los próximos dos años con dos años de prórroga, asciende a 16.964.309,12 euros y supone un incremento del 10% respecto a lo planificado previamente, de acuerdo con los pliegos de licitación. Se trata, según el consistorio, de la inversión más alta que se ha destinado a estos centros en la historia de la ciudad. Los adjudicatarios son la Fundación María Auxiliadora, la Fundación Picarral, la Asociación Telca, Adunare y la Fundación San Valero, entidades que gozan de reconocimiento en Zaragoza por su trayectoria en trabajos con jóvenes y en la generación de oportunidades profesionales.

De este modo, el Gobierno de Zaragoza atiende una demanda creciente de salidas profesionales para un colectivo joven que, en busca de un futuro, durante años ha visto limitadas sus vías de formación formal.

Durante los cursos 26/27 y 27/28, la inversión adjudicada ascenderá a 8.482.154,56 euros, cifra que se mantendrá en los dos años prorrogables contemplados en los pliegos. En conjunto, este compromiso social podría beneficiar a más de 2.000 alumnos totales a lo largo de los cuatro años de vigencia, lo que representa un salto significativo respecto a fases anteriores. Este marco contractual incorpora mejoras para crear un entorno jurídico más seguro para los centros y una programación de medio plazo que garantice la continuidad de la actividad.

En la práctica, la Red de 12 Centros Sociolaborales de Zaragoza ofrece tres modalidades formativas que combinan lo académico, lo profesional y lo social, abriéndoles la posibilidad de reintegrarse al sistema reglado, de optar por formación profesional en oficios o de insertarse laboralmente.

Actualmente se desarrollan tres modalidades: Aulas Taller (prolongación de la estancia en el sistema educativo), Programas de Cualificación Inicial y Formación ocupacional.

En total, estos alumnos dispondrán de 36 itinerarios, definidos tras consulta con distintos sectores profesionales para responder a las necesidades reales del mercado laboral.

Entre la oferta formativa destacan hostelería, soldadura, fontanería, automoción, peluquería, servicios administrativos y construcción, entre otros.

Por su parte, el Gobierno de Zaragoza mantiene la territorialidad para facilitar el acceso a la educación de las personas más vulnerables, sin perder la flexibilidad necesaria para que los jóvenes puedan realizar la formación cerca de su domicilio.

También se ha exigido en el contrato la mejora de los entornos físicos de los centros, con vistas a entregar una experiencia de servicio de mayor excelencia y seguridad.

Históricamente, estos centros surgieron a mediados de la década de 1990 como respuesta a la cuestión de la transición educativa de jóvenes sin itinerario claro.

A lo largo de los años, su modelo ha evolucionado para incorporar prácticas profesionales y alianzas con empresas, de modo que los alumnos tengan una salida real al mundo laboral.

En este contexto, supuestamente la nueva inversión podría acelerar la inserción laboral y reducir la vulnerabilidad educativa de muchos jóvenes, aunque ese efecto dependerá de la ejecución y de la evolución del mercado.

Además, la cifra global que destina el consistorio a programas sociales supera los 100 millones de euros anualmente, un indicador de la prioridad que Zaragoza atribuye a la acción social dentro de su marco presupuestario.

En resumen, la adjudicación reviste un carácter estratégico para la ciudad: fortalece una red de atención que ya ha mostrado resultados y sitúa a Zaragoza como un referente regional en programas dirigidos a jóvenes con necesidades específicas.