La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, ha expresado su profunda preocupación por la grave situación que atraviesa la ciudad debido a la falta de acción del Gobierno central en la gestión de la inmigración.

La edil ha señalado que la dejación de funciones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez está provocando un colapso en los recursos municipales y una crisis humanitaria que afecta a muchas personas en situación de vulnerabilidad.

Orós anunció que presentará una moción en el próximo Pleno Municipal para reprochar la gestión migratoria del Gobierno de España y exigir que asuma su responsabilidad y competencias en esta materia.

La propuesta busca promover un modelo nacional que deje atrás el caos actual, ofreciendo respuestas eficaces a las necesidades del país, de las ciudades y, especialmente, de las personas inmigrantes.

La moción también insta al Ejecutivo a abandonar la improvisación y dejar de utilizar a los ayuntamientos como excusa para esconder los problemas derivados de su política migratoria.

Entre las demandas, la moción solicita al Gobierno central la creación de un fondo de recursos económicos, técnicos y humanos suficiente para gestionar la acogida, la formación y la inclusión sociolaboral de las solicitantes de asilo.

Además, pide incrementar las partidas destinadas a programas de retorno voluntario y mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación interadministrativa para una gestión conjunta y responsable de la realidad migratoria.

Desde 2017, la inmigración irregular en España ha experimentado un incremento del 130%, según datos del Ministerio del Interior. En 2024, se han registrado aproximadamente 58.400 casos, de los cuales cerca de 42.300 corresponden a la ruta canaria, que continúa siendo una de las principales vías de entrada de inmigrantes en el país. La tasa de reconocimiento de protección internacional en España se sitúa en torno al 18,5%, muy por debajo del promedio europeo del 40%, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Esto implica que la mayoría de los solicitantes de asilo permanecen en situación irregular tras varios meses, sin acceso a una protección efectiva.

Quienes no solicitan asilo y permanecen en situación irregular también enfrentan dificultades, ya que el sistema de ayuda humanitaria deja a estas personas en la calle después de unos tres meses, sin alternativas habitacionales.

La situación se agrava en ciudades como Zaragoza, donde las instituciones municipales y las entidades sociales ven cómo la falta de recursos y la inacción del Gobierno central generan una crisis humanitaria sin precedentes.

El pasado jueves 5 de junio, Marián Orós realizó un recorrido por las calles cercanas al Centro de Historias y el Parque Bruil, junto a técnicos de los servicios sociales municipales.

Allí pudo constatar la dura realidad que enfrentan muchas personas inmigrantes con derecho a protección internacional, que han sido expulsadas sin tener un lugar donde vivir.

La consejera afirmó que en ese entorno encontró a 61 personas durmiendo en la calle, muchas de ellas provenientes de programas estatales de protección internacional y ayuda humanitaria.

Entre ellas, 22 personas de Mali y Argelia permanecían en el Centro de Historias, 9 en el Parque Bruil y otras 30 durmiendo en bancos y bajos del entorno, con nacionalidades diversas como españoles, rumanos, marroquíes y otros países africanos.

Actualmente, el Albergue Municipal acoge a 12 personas con derecho a protección internacional, y los recursos de emergencia para familias vulnerables atienden a 66 personas en situación de extrema fragilidad.

Sin embargo, la situación ha empeorado en los últimos meses, especialmente desde finales de marzo, cuando más de medio centenar de hombres de Mali fueron informados de que debían abandonar los recursos en los que estaban alojados en la Casa de las Culturas.

Desde entonces, los servicios sociales municipales han tenido que intervenir de forma urgente y extraordinaria para atender una emergencia que, según reconocen, no es de su competencia.

Entre el 1 de abril y el 15 de mayo, el Albergue Municipal atendió a 40 personas de origen subsahariano, principalmente de Mali, todas en proceso de solicitud de asilo y pendientes de resolución.

Pese a tener derecho a recursos estatales, estas personas han tenido que pernoctar en instalaciones municipales debido a la falta de respuesta del Gobierno.

La consejera Orós explicó que la entidad responsable de gestionar la fase 0 del programa de protección internacional ha reconocido que el sistema está colapsado y sin capacidad para atender a más personas.

Sin embargo, datos del Ministerio indican que la ocupación de plazas alcanza aproximadamente el 89%, lo que lleva a pensar que el Gobierno obliga a reservar plazas para traer a más inmigrantes, dejando en la calle a quienes ya están en proceso.

Para Marián Orós, esta situación evidencia la absoluta falta de planificación del Gobierno central y el abandono institucional que enfrentan tanto las personas migrantes como las ciudades.

La consejera denuncia que las competencias en protección internacional y ayuda humanitaria corresponden exclusivamente al Estado, y que es inaceptable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga descargando en los ayuntamientos una responsabilidad que no puede asumir sin los recursos adecuados.

En respuesta a esta crisis, el Ayuntamiento de Zaragoza diseña un plan de choque para reforzar la atención a las personas sin hogar. Entre las medidas previstas, destaca la apertura de nuevos espacios de emergencia en el Albergue Municipal, que contará con 40 plazas adicionales, además de mantener los pabellones prefabricados utilizados en temporadas de frío.

También se ampliarán las plazas para mujeres, con 10 a 15 nuevas, y se habilitarán pisos para jóvenes con capacidad para 8 personas.

Zaragoza reafirma su compromiso con la atención a migrantes y refugiados, pero advierte que no puede seguir asumiendo solo esta responsabilidad. La crisis migratoria requiere una respuesta coordinada y financiada por el Estado, que hasta ahora ha brillado por su ausencia, dejando a las ciudades en primera línea de un problema que es de toda la nación.

La situación, que afecta a miles de personas y a los servicios sociales municipales, exige una solución inmediata y estructural que garantice derechos y dignidad para todos.