La factura que redefine el urbanismo de València: 46 millones en expropiaciones tras la moratoria

El Ayuntamiento de València ha debido afrontar un desembolso notable en #expropiaciones rogadas durante 2024 y 2025, al absorber de golpe el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional que puso fin a la #moratoria urbanística vigente desde 2012.

El equipo de gobierno, que asumió el poder meses antes de esa resolución, cierra el año sin obligaciones pendientes derivadas de esa etapa de parálisis, un episodio que marcará la gestión del suelo en la ciudad durante años.

En concreto, las cuentas municipales reflejan un gasto cercano a los 46 millones de euros por expropiaciones rogadas previas a la sentencia, distribuyendo 8,3 millones de euros en 2024 y otros 38,713,749,49 euros en 2025.

Aunque las cifras se redondean, el montante total representa una factura histórica para un consistorio que se enfrentó a un stock de suelos dotacionales que no había sido canalizado a través de planes de #vivienda y usos mixtos.

Desde el área de Hacienda, el edil Juan Giner subrayó que la factura podría haberse mitigado si, durante la década pasada, se hubieran activado planes y unidades de ejecución que incorporaran esos suelos en proyectos urbanísticos.

En la visión del actual gobierno, una parte de esos terrenos se habría podido incluir en desarrollos con cesiones obligatorias a la ciudad y con una mayor oferta de vivienda disponible, reduciendo así la necesidad de pago en metálico.

La normativa urbanística vigente establece que la expropiación puede reclamarse desde que un planeamiento califica un terreno como dotacional público (colegios, centros de salud, jardines, viales), siempre que aún no se haya iniciado una unidad de ejecución y hayan transcurrido al menos cinco años sin que el Ayuntamiento haya dado inicio al expediente expropiatorio.

En ese marco, la reciente reactivación de expedientes ha dejado una factura concentrada que, según analistas, podría haberse amortiguado mediante estrategias de planificación que vinculasen el suelo dotacional con nuevos aprovechamientos urbanísticos.

Restaba importancia al papel del suelo urbano para la vivienda

Presuntamente, la administración anterior habría priorizado un discurso que, a juicio de críticos, restaba importancia al papel del suelo urbano para la vivienda, priorizando medidas de contención que ahora se revelan insuficientes ante la necesidad de dotar de vivienda a la población.

Los vecinos y vecinas de València se enfrentan, así, a una doble consecuencia: por un lado, una carga financiera que incrementa la presión fiscal local; por otro, una oportunidad que podría haber generado vivienda y dotaciones sin desembolsos masivos en efectivo.

En la práctica, el cambio de foco propone que, en cada operación urbanística, una parte del suelo sea cedida a la administración y, a cambio, se eleve la edificabilidad o el valor del resto, permitiendo que la propia actividad urbanística genere el suelo público necesario.

Esto evitaría, en teoría, recurrir a la expropiación forzosa y convertiría el terreno dotacional en motor de desarrollo.

Un ejemplo citado por el gobierno actual es el plan especial del entorno de Sant Miquel dels Reis, que, si se hubiera tramitado antes, podría haber permitido incorporar esos suelos a una unidad de ejecución, aumentar la edificabilidad, generar vivienda y dotaciones, y evitar la salida de la obra a un procedimiento expropiatorio externo.

Aun así, la realidad es que la ciudad debe afrontar la factura y buscar lecciones para convertir los retos del pasado en una estrategia de suelo más eficiente y menos expuesta a estos episodios en el futuro.