Vecino de Windsor deberá reponer un talud para cumplir normas de ruido y seguridad ferroviaria

Un vecino de Windsor, Ontario, se enfrenta a la necesidad de revertir cambios en su patio trasero ante una orden municipal que exige reconstruir un talud que él mismo eliminó.

Robert Redmond había eliminado una defensa de tierra —un talud elevado que funcionaba como barrera— junto a una pared de cemento para ganar espacio en el jardín durante los años de pandemia.

En aquel entonces, la intervención le resultó atractiva para que sus dos hijos dispusieran de más área de juego y recreo. El costo de esa remodelación fue de aproximadamente 6.700 dólares canadienses, lo que en euros ronda los 4.420 €. Sin embargo, la ciudad sostiene que la estructura era necesaria para amortiguar el #ruido generado por el #ferrocarril cercano y para incrementar la seguridad ante posibles incidentes en la vía.

Por ello, le han dado un plazo para restituir el talud, según la normativa de la ciudad, y la responsabilidad de costear la restauración recae parcialmente sobre él.

En el mejor de los escenarios, la restauración podría exigir un gasto que se acerca a las 33.000 € o más, dependiendo del diseño y de los trabajos requeridos.

La administración municipal sostiene que las barreras existentes y los taludes deben mantenerse en condiciones seguras, verticales y estructuralmente estables, salvo que se indique lo contrario por normativa específica.

El objetivo es, dicen, reducir los impactos sonoros y vibratorios de la actividad ferroviaria que pasa por la zona, así como mantener un buffer de seguridad para posibles incidentes en la zona del yard ferroviario.

Esta posición ha generado tensiones entre Redmond y los funcionarios, que señalan que, a falta de soluciones alternativas aceptadas, la opción de reponer el talud continúa siendo la ruta recomendada.

Redmond había intentado buscar una solución alternativa que fuera viable desde el punto de vista acústico sin tener que reconstruir el talud tal como estaba.

Contactó a especialistas en acústica y buscó, durante meses, un ingeniero con experiencia en diseño de barreras de sonido. Finalmente afirmó haber encontrado a un profesional que trabajó en el diseño original de la merma hace casi tres décadas. Este experto propuso una valla de madera que podría cumplir con los estándares de ruido; sin embargo, la ciudad, al revisar esa alternativa, no mostró interés en continuar evaluándola y mantuvo la obligación de restablecer el talud tal como estaba.

El caso, que ha generado preocupaciones por el impacto económico en la familia, se ha visto incrementado por otros detalles. Redmond ha resaltado que la vía férrea no opera con velocidades extremas y, en caso de un hipotético descarrilamiento, la diferencia de protección entre un talud y una valla podría ser significativa.

El criterio regulatorio de la ciudad se apoya en normas provinciales y en guías de control de ruido y vibración

Aun así, el criterio regulatorio de la ciudad se apoya en normas provinciales y en guías de control de ruido y vibración, que sitúan al talud como medida de seguridad y mitigación de impactos para desarrollos residenciales cercanos a vías activas.

Además, expertos universitarios consultados por CBC han señalado que, si bien existen alternativas, el talud constituye en muchos casos la solución de mayor robustez para la protección de la comunidad y la seguridad ferroviaria.

La situación también ha derivado en una serie de debates sobre la responsabilidad legal y el deber de informar a los propietarios. Redmond ha indicado que, de haber sido informado con claridad por su abogado desde el inicio, podría haber explorado opciones distintas; según reportes recogidos por CBC, la Law Society of Ontario señaló que puede haber habido deficiencias en la información compartida durante el proceso legal, lo que complica aún más la toma de decisiones y la planificación financiera de la familia.

El plazo para completar la reposición del talud vence el 4 de febrero. Redmond ha comentado que, para reducir gastos, ha cancelado recientemente sus suscripciones y está evaluando el impacto de posibles sanciones por incumplimiento.

El caso refleja el equilibrio entre las aspiraciones de los propietarios de adaptar sus viviendas y las obligaciones regulatorias que buscan preservar la seguridad y la calidad de vida en zonas con tráfico ferroviario intenso.

Mientras tanto, la ciudad mantiene que la normativa debe cumplirse y que, en última instancia, el objetivo es proteger a la comunidad frente a ruidos, vibraciones y posibles incidentes; los vecinos cercanos y la #propiedad continúan siendo escenarios de tensión entre la necesidad de uso del espacio privado y las exigencias de seguridad pública.\n\nEn la historia de #Windsor y su entorno urbano, las disputas sobre barreras acústicas y taludes no son recientes. Las comunidades adyacentes a grandes yards ferroviarios han convivido con desafíos similares durante décadas, impulsando debates sobre soluciones que equilibren la convivencia vecinal y la logística de una #infraestructura crítica.

En Ontario, como en otras provincias canadienses, la regulación de estos elementos busca una compatibilidad entre el desarrollo residencial y la seguridad operativa de las líneas férreas, al tiempo que se contemplan costos y responsabilidades para los propietarios que deciden modificar elementos estructurales cercanos a los corredores de transporte.

Este caso, aun con su particularidad local, se inscribe en una tendencia más amplia de gestión urbanística y equidad entre derechos individuales y deberes colectivos.}