Santander mantiene sus impuestos municipales sin incrementos y protege el bolsillo de sus vecinos
El Ayuntamiento de Santander anuncia que no subirá los impuestos en 2026, aplicando solo una actualización del 2,7% en la tasa de agua y alcantarillado, generando un ahorro significativo para los residentes.
El Ayuntamiento de #Santander ha dado a conocer su propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2026, confirmando que, en línea con su compromiso de protección económica a los vecinos, no habrá incrementos en los impuestos municipales.
La única actualización prevista será en la #tasa de agua y alcantarillado, que, por obligación contractual, deberá ajustarse al índice de inflación marcado por el Gobierno de España, que en este momento se sitúa en un 2,7%.
Esta medida, que supone una ligera subida en los costes de estos servicios básicos, no afectará en gran medida a los contribuyentes, ya que el resto de los impuestos y tasas se mantendrán iguales o incluso con #bonificaciones que buscan aliviar la carga económica de los santanderinos.
Desde el año 2013, el Ayuntamiento ha adoptado una política fiscal proteccionista en un contexto de aumento generalizado de precios. La inflación acumulada en España desde entonces se estima en un 22%, con una subida significativa en el coste de la vivienda y en la cesta de la compra, que ha aumentado en un 38%.
Ante esta situación, la alcaldesa Gema Igual afirmó que la prioridad del consistorio es proteger a la ciudadanía, que sufre los efectos de una economía en crisis, agravada por las 94 subidas de impuestos aplicadas por el Gobierno central en los últimos años.
Supuestamente, en un contexto donde los precios de los productos básicos y servicios esenciales continúan en ascenso, el Ayuntamiento de Santander ha decidido mantener los impuestos en mínimos históricos, con una política que busca que el dinero permanezca en los bolsillos de sus vecinos.
Así, la propuesta aprobada en la Junta de Gobierno contempla una reducción en la recaudación de aproximadamente 2,6 millones de euros, al no aplicar la actualización del IPC en los tributos municipales, además de ofrecer bonificaciones y exenciones que en conjunto representan un ahorro de unos 9,4 millones de euros para los contribuyentes santanderinos.
En cuanto a los impuestos tradicionales, la alcaldesa recordó que en los últimos años se ha logrado reducir el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,40%, el mínimo permitido por la ley, lo que convierte a Santander en la capital de provincia con el tipo más bajo en España.
Asimismo, el impuesto de plusvalía también presenta uno de los tipos más bajos del país, solo por detrás de Bilbao, lo que refleja una estrategia de la administración local para favorecer la economía de sus residentes.
Mantendrán los tramos y bonificaciones existentes para reducir el impacto en las familias
Por otro lado, las tasas de agua y alcantarillado, que por contrato deben ajustarse al IPC, mantendrán los tramos y bonificaciones existentes para reducir el impacto en las familias.
La propuesta incluye reducciones del 95% en estas tasas para desempleados, familias con rentas inferiores a 1.5 veces el IPREM, y familias numerosas y monoparentales con ingresos bajos. Para las familias con rentas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, las bonificaciones serán del 50%. En términos prácticos, para una vivienda con un consumo trimestral de 21 m3, la subida mensual sería de aproximadamente 0,36 euros, mientras que para un hogar de 4 personas con un consumo de 28 m3, el incremento sería de unos 0,40 euros.
Supuestamente, para un bar de tamaño medio, el aumento mensual en la tasa sería de aproximadamente 0,55 euros, y en una cafetería grande, de unos 5 euros.
Estas reducciones beneficiarán a cerca de 3.491 contribuyentes, que podrán ahorrar aproximadamente 400.000 euros en total.
El proceso de tramitación de estas ordenanzas continúa, tras su aprobación en la Junta de Gobierno, y será sometido a la Comisión de Economía y al Pleno del Ayuntamiento.
La entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2026, siempre que no se presenten alegaciones durante el período de exposición pública de 30 días hábiles.
En caso de alegaciones, éstas serán analizadas y resueltas antes de la aprobación definitiva.
En definitiva, Santander reafirma su compromiso de mantener una política fiscal responsable y protectora, buscando aliviar la carga económica de sus vecinos en un momento de crisis económica global, y garantizando que los servicios básicos sigan siendo accesibles para todos.