El agua se ha convertido en objetivo militar: los ataques se triplican y los niños son los primeros en pagarlo
UNICEF documenta ataques contra sistemas de agua y saneamiento en 23 países entre 2021 y 2025, el triple que antes. En Jartum solo funcionaba una de trece plantas potabilizadoras, en Burkina Faso destruyeron 145 puntos de agua que abastecían a 830.000 personas y en Gaza hay más de 130.000 metros de alcantarillado dañados. La financiación humanitaria para agua solo cubre el 26% de lo necesario.
En una guerra no solo matan las balas. También mata, y mucho, que a un barrio entero le corten el #agua o que un misil reviente la tubería que lleva el agua potable a un hospital. Eso es lo que denuncia un informe de #UNICEF titulado El agua bajo el fuego, y los números que trae son de los que dejan mal cuerpo: los ataques que dañan o destruyen instalaciones de agua y #saneamiento en zonas de conflicto se han triplicado entre 2021 y 2025.
El triple, ni más ni menos.
El estudio no habla de oídas. Documenta ataques en 23 países y territorios y distingue hasta siete maneras distintas de agredir el agua: desde el bombardeo directo de una planta de tratamiento o de una conducción de tuberías hasta la contaminación intencionada de un pozo, el bloqueo de camiones cisterna o algo tan retorcido como impedir que lleguen los repuestos necesarios para arreglar una bomba averiada.
Es decir, no hace falta volar nada: basta con que no puedas repararlo para dejar a una ciudad sin agua durante meses.
Los ejemplos concretos que recoge el informe son escalofriantes. En Jartum, la capital de Sudán, en marzo de 2024 solo seguía funcionando una de las trece plantas de tratamiento de la ciudad. Una. Y eso ocurre en un país en guerra civil desde abril de 2023, cuando el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido se liaron a tiros y dejaron el país patas arriba.
En Burkina Faso, un país del Sahel castigado desde hace años por el yihadismo, más de 145 puntos de agua fueron destruidos entre 2020 y 2025, lo que dejó sin acceso al agua a unas 830.000 personas, más de la mitad de ellas niños. En Gaza, desde octubre de 2023 se han dañado más de 130.000 metros de tuberías de alcantarillado. Piense el lector lo que significa eso: aguas fecales corriendo al aire libre, mezcladas con el agua que bebe la gente.
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, lo ha explicado sin rodeos: "Los ataques contra los sistemas de agua y saneamiento privan a los #niños de agua potable y de los servicios esenciales que dependen del agua".
Y ha añadido una frase que va directa al grano: "Las reparaciones no pueden sustituir la protección que el derecho internacional humanitario exige para estas instalaciones"
Y ha añadido una frase que va directa al grano: "Las reparaciones no pueden sustituir la protección que el derecho internacional humanitario exige para estas instalaciones".
Y aquí conviene recordar una cosa que mucha gente no sabe: atacar el agua ya está prohibido. Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977 protegen expresamente los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, y prohíben atacar obras e instalaciones que puedan liberar fuerzas peligrosas, como presas y diques.
Más recientemente, en abril de 2021, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 2573, que condena los ataques contra infraestructuras civiles, incluido el agua.
El problema no es que falten leyes: es que se las saltan a la torera y nadie les hace pagar la factura.
El informe también detalla las consecuencias sanitarias, que es donde se ve el daño real. Sin agua limpia, un centro de salud no puede esterilizar el material ni preparar la leche terapéutica que se da a los niños con desnutrición grave.
Y sin saneamiento, las enfermedades se disparan. En los campamentos del este de #Chad donde malviven los refugiados que huyen de la guerra de Sudán, la Organización Mundial de la Salud vinculó un brote de hepatitis E —una enfermedad del hígado que se transmite por agua contaminada— al acceso deficiente a agua potable.
Se registraron 2.092 casos sospechosos y la mitad de ellos eran chavales de entre 6 y 17 años.
Para colmo, el dinero no llega. La financiación para la respuesta humanitaria en agua y saneamiento solo ha cubierto el 26% de lo necesario para 2026. Traducido: de cada cien euros que harían falta, llegan veintiséis. Y mientras tanto hay 137,9 millones de personas que necesitan esa ayuda para algo tan básico como beber sin jugarse la vida.