Congreso peruano niega la pensión vitalicia de Dina Boluarte y desata un nuevo debate político

El #Congreso de #Perú volvió a situarse en el centro del debate político al rechazar la petición de la expresidenta #Dina Boluarte para recibir la pensión vitalicia asociada a su paso por Palacio de Gobierno, con la argumentación de que su acceso ocurrió por sucesión, y no a través de una victoria electoral.

La decisión, tomada en una sesión marcada por la polarización, abre un nuevo capítulo en una década de convulsión institucional que ha dejado al país con una de las clases políticas más cuestionadas de la región.

Según el Legislativo, la norma vigente exige haber ejercido la Presidencia de forma electa para recibir ese beneficio, por lo que Boluarte no cumpliría con las condiciones.

Boluarte fue cesada en octubre de 2025 tras haber llegado al poder en diciembre de 2022, tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo; su mandato fue objeto de intensas protestas y de múltiples cargos de irregularidades.

En los años siguientes, la gobernanza en Perú estuvo marcada por crisis de seguridad, señalamientos de corrupción y debates sobre la legitimidad de las prerrogativas de exjefes de Estado.

Entre las prerrogativas reclamadas también se citó, supuestamente, la creación de un cargo con sueldo público para un asistente, así como una asignación de hasta 150 galones de gasolina al mes, lo que, al tipo de cambio vigente, equivale aproximadamente a €480 mensuales.

La cifra de la gasolina, convertida, sirve para ilustrar la magnitud de los paquetes de beneficios que suelen rodear a la figura presidencial en la región y para encender debates sobre la suficiencia de los estados de las cuentas públicas en tiempos de ajustes fiscales.

El Congreso

El Congreso, que asumió su mandato en un contexto de creciente desconfianza hacia las élites políticas, sostuvo que ese beneficio debe ser otorgado solo a un expresidente constitucional elegido por mandato popular y que ejerció el cargo durante un periodo íntegro.

A medida que el país atraviesa crisis de legitimidad institucional, analistas señalan que la discusión sobre las prerrogativas de exmandatarios ha puesto en evidencia grietas en el sistema político y en la gestión de los dineros públicos.

Para la ciudadanía, el fallo llega en un momento de tensiones en aumento entre el poder legislativo y la demás institucionalidad. El presidente del Congreso, José Jerí, asumió la jefatura de manera interina hasta julio de 2026, fecha prevista para las próximas elecciones. Mientras tanto, las protestas ya no muestran la intensidad de años anteriores, pero siguen vigentes en varias regiones y alimentan un debate sobre la seguridad, la transparencia y las reformas necesarias para evitar que episodios de crisis vuelvan a repetirse.

Históricamente, la discusión sobre beneficios para exmandatarios no es nueva en la región, y la experiencia peruana se ha convertido en un espejo para los esfuerzos de reformas constitucionales.

En este escenario, observadores y políticos advierten que la penalización de privilegios podría convertirse en un pivote central de la agenda pública en los próximos meses, mientras el país intenta consolidar una democracia más estable y menos susceptible a ciclos de crisis.