La salud de Bolsonaro reabre la discusión sobre la prisión domiciliaria y sacude el proceso
Internacional Brasil 05 February, 2026

La salud de Bolsonaro reabre la discusión sobre la prisión domiciliaria y sacude el proceso

La defensa de Jair Bolsonaro afirmó ante la Corte Suprema que su estado de salud podría haber empeorado y solicitó una revisión para facilitar la prisión domiciliaria, mientras el caso golpista sigue avanzando en Brasil.

Los abogados del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente recluido como parte de un proceso por una trama golpista, elevaron este miércoles una petición ante la Corte Suprema señalando, presuntamente, que el estado de #salud del exmandatario se habría deteriorado en los últimos días.

El equipo de defensa sostiene que el cuadro clínico sería frágil y, por ello, pidió que la Policía Federal aporte con la mayor urgencia el informe de la pericia médica realizada el pasado 20 de enero.

La pretensión, dicen, busca sentar las bases para una revisión del régimen penitenciario por motivos humanitarios, algo que podría abrir la vía a la prisión domiciliaria si la corte lo considera procedente.

El expediente señala que los abogados de #Bolsonaro consideran clave ese informe para sustentar la solicitud ante el máximo tribunal. En paralelo, la defensa ha insistido en que el estado de salud del líder del Partido Liberal (PL) se ha debilitado y que, incluso, se habría agudizado en los últimos días, con episodios de vómitos y crisis de hipo que, aseguran, requieren supervisión médica continua.

El relator del caso en la Corte, Alexandre de Moraes, no ha hecho pública una resolución al respecto, y la Policía Federal mantiene la detención del exgobernante en un entorno de seguridad reforzada en Brasilia.

Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de prisión por liderar una trama golpista integrada por militares y antiguos ministros, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército inició el cumplimiento de la condena a finales de noviembre, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, posteriormente, en un complejo penitenciario de la misma ciudad.

La defensa ha argumentado que la situación de salud justificaría un cambio de régimen para evitar daños adicionales a su integridad física.

Aduciendo motivos humanitarios y la necesidad de evitar un deterioro mayor de su estado de salud

Desde entonces, los abogados han pedido sin éxito al juez de Moraes que le conceda el régimen de prisión domiciliaria, aduciendo motivos humanitarios y la necesidad de evitar un deterioro mayor de su estado de salud.

En este marco, se ha insistido en la idea de que el parte médico correspondiente, si se hace público, podría influir en la valoración de la gravedad de su situación y, por tanto, en la decisión sobre la viabilidad de su traslado a un entorno doméstico.

El debate jurídico llega en un momento de alta polarización en Brasil, en el que el peso de las decisiones judiciales y la percepción pública sobre la legitimidad de las medidas tomadas en casos de alta perfil político generan tensiones.

Bolsonaro, de 70 años, ha sido una figura central en la escena brasileña durante años y su historia está ligada a episodios que han definido gran parte del discurso político reciente, incluida la agresiva campaña de 2018 que culminó con una puñalada durante un acto electoral, un hecho que su entorno ha vinculado en múltiples ocasiones a la cronificación de ciertos problemas de salud.

A la espera de cualquier resolución, el caso continúa en una senda en la que negociación, evaluación médica y presión #política se entrelazan. En un país que vive una confrontación entre apoyos y críticas fatigosas, la decisión sobre la prisión domiciliaria podría no solo afectar la trayectoria penal de Bolsonaro, sino también el pulso de una opinión pública que asiste con atención a cada giro del proceso.

Aunque la defensa sostiene que la atención médica debe primar sobre cualquier cálculo procesal, las autoridades deberán valorar si la evidencia médica aporta pruebas suficientes para modificar el régimen de detención.

En el escenario político, este episodio añade un capítulo más a la ya larga lista de desencuentros entre el poder judicial y los actores políticos, y podría marcar un precedente relevante para casos similares en el futuro.

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