Las claves que explican la subida del 2,8% en las pensiones de Seguridad Social en 2025

La actualización de las #pensiones de la #Seguridad Social en 2025 ha generado interés y cierta incertidumbre entre los beneficiarios.

Según las últimas estimaciones, las pensiones experimentarán un aumento del 2,8% en su cuantía a partir de enero, ajustándose a la #inflación prevista para el año.

Esta subida, conocida como #COLA (Cost-of-Living Adjustment), busca compensar a los pensionistas por el aumento en el coste de vida.

Supuestamente, el incremento se basa en el Índice de Precios al Consumo (IPC), específicamente en la métrica del IPC para los trabajadores urbanos y empleados (CPI-W), que mide la variación de precios en categorías fundamentales como alimentación, vivienda, transporte y salud.

Este método ha sido utilizado desde 1975 para determinar las subidas de las pensiones, aunque algunos expertos y asociaciones de jubilados presuntamente consideran que no refleja con precisión los gastos reales de los mayores.

Históricamente, la política de ajustes en las pensiones ha sido fluctuante. Por ejemplo, en 1980, la subida fue del 14,3%, coincidiendo con una inflación del 13,5%. En contraste, en 2009 y 2010, cuando la #economía sufrió una recesión profunda, no hubo aumentos, ya que la inflación fue negativa (-0,4%). Desde entonces, la tendencia ha sido a aplicar incrementos que, si bien ayudan a mantener el poder adquisitivo, a menudo no logran cubrir completamente los gastos adicionales que enfrentan los jubilados.

Supuestamente, en años recientes, se ha discutido la posibilidad de modificar el método de cálculo del COLA para hacerlo más justo, especialmente para los colectivos de mayores.

La Asociación de Senior Citizens (TSCL), por ejemplo, propone reemplazar el CPI-W por el Índice de Precios para la Tercera Edad (CPI-E), que pondera de manera diferente los gastos en vivienda, salud y recreación, áreas en las que los jubilados suelen gastar un porcentaje mayor de sus ingresos.

Este cambio sería relevante, ya que la estructura de gastos de los mayores difiere significativamente de la de los trabajadores activos, quienes destinan más recursos a transporte, educación y vestimenta.

La adopción del CPI-E, presuntamente, reflejaría con mayor fidelidad las necesidades económicas de los pensionistas y podría traducirse en ajustes más justos y adecuados.

La normativa vigente establece que las pensiones nunca pueden disminuir

Por otro lado, la normativa vigente establece que las pensiones nunca pueden disminuir, incluso en años de deflación, garantizando así la estabilidad y protección de los beneficiarios.

Además, el aumento en las pensiones no solo beneficia a los jubilados, sino también a otros colectivos como las personas con discapacidad, los supervivientes de trabajadores fallecidos y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, quienes también reciben incrementos en sus prestaciones.

Supuestamente, estas medidas buscan proteger a los sectores más vulnerables y mantener el poder adquisitivo en un contexto de inflación creciente. La subida del 2,8% en 2025, si bien puede parecer modesta, representa un paso importante para tratar de paliar los efectos del aumento de precios en la economía española.

En conclusión, la actualización de las pensiones en 2025 refleja una política de ajuste que, aunque imperfecta, intenta equilibrar las necesidades de los pensionistas con las condiciones económicas del país.

La discusión sobre la metodología de cálculo y la posible adopción del CPI-E continúa abierta, en un momento en que la economía global y local enfrentan desafíos que exigirán ajustes constantes en las políticas sociales y económicas.

La situación de los pensionistas en #España sigue siendo un tema central en el debate político y social, presuntamente, en busca de un sistema más equitativo y representativo de la realidad de quienes han contribuido durante toda su vida laboral.