La Tesorería toma el control de los préstamos estudiantiles: qué cambia para prestatarios y contribuyentes

Una novedad importante llega al sistema de préstamos federales para estudiantes: la #Tesorería de Estados Unidos asumirá la gestión de todo el conjunto de préstamos.

Este cambio, anunciado por el Departamento de Educación y respaldado por las autoridades de la Tesorería, se realizará en tres fases y está destinado a hacer que el cobro de deudas sea más eficiente y, a la vez, reducir el gasto que soportan los contribuyentes.

En palabras simples, se pasa de un sistema en el que el departamento responsable de #educación maneja la mayor parte del cobro a uno en el que la Tesorería coordina y ejecuta estas tareas, con apoyo de agencias privadas en etapas iniciales.

Para entender el alcance, conviene fijarse en los números. En EE. UU. hay alrededor de 42,8 millones de prestatarios con préstamos federales para estudiantes y una deuda total que ronda los 1,7 billones de dólares. En diciembre de 2025, el Departamento de Educación indicó que menos de la mitad de los prestatarios están en un plan de pago activo y que aproximadamente una cuarta parte del total se encuentra en situación de incumplimiento (default).

En concreto, unas 7,7 millones de personas estaban en incumplimiento, con un saldo cercano a los 180.000 millones de dólares, lo que representa poco más del 11% del porfolio. Además, otros 4 millones estaban en etapas avanzadas de morosidad, lo que sitúa a casi 12 millones de prestatarios en o cerca de la posibilidad de entrar en default.

La primera fase de la transferencia se centrará en la recaudación de deudas en default y en la colaboración con agencias privadas de cobro para inducir a los prestatarios a programas de rehabilitación o a regresar a una situación de pago en regla.

Una vez consolidada esta etapa, se avanzará en la transferencia del conjunto de la cartera de préstamos y de los programas de ayuda educativa, de modo que la Tesorería asuma la responsabilidad operativa.

El objetivo, según las autoridades, es que un mayor control y experiencia en gestión de riesgos permitan recuperar de manera más eficiente los créditos y, a la vez, reducir costos para el erario.

El cambio parecía previsible desde hace tiempo. El año pasado, la Administración de entonces sugirió que las responsabilidades relacionadas con los préstamos podrían trasladarse a la Tesorería o a la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).

Con la Tesorería ya equipada con sistemas para gestionar préstamos problemáticos, las autoridades creen que las operaciones serán más ágiles y que el gasto público resultará menor.

En un comunicado, el secretario de la Tesorería destacó la experiencia de su departamento para gestionar riesgos, detectar fraudes y liderar procesos de cobro, lo que, a su juicio, permitirá una disciplina financiera más sólida y una mejor protección de las cifras de los contribuyentes.

Algunos defensores de los prestatarios advierten de que trasladar el control a la Tesorería podría generar confusión entre los deudores y

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Algunos defensores de los prestatarios advierten de que trasladar el control a la Tesorería podría generar confusión entre los deudores y, en algunos casos, aumentar el riesgo de complicaciones financieras para quienes ya enfrentan dificultades.

Alegan que el Departamento de Educación, que conoce de las particularidades de las normas de educación superior y de los derechos y beneficios de los prestatarios, podría perder parte de esa experiencia con la transferencia completa.

En contrapeso, otros señalan que la Tesorería ya gestiona sistemas de cobro en otros programas y que su experiencia podría traducirse en recobros más altos y un proceso más claro para los pagadores.

¿Por qué se da este cambio? Según las autoridades, la razón fundamental es la búsqueda de mayor eficiencia y de una gestión más integrada de los flujos de cobro, con la idea de reducir la demora en los pagos y de minimizar el coste para los contribuyentes.

También se subraya que la Tesorería tiene experiencia en recuperación de deudas, gestión de riesgos y supervisión de agencias de cobro, lo que podría traducirse en mejores tasas de recuperación.

El debate, no obstante, continúa entre quienes creen que la experiencia del Departamento de Educación en derechos de los prestatarios y en programas de alivio no debe perderse en este proceso, y entre quienes ven en la centralización una oportunidad para simplificar trámites y reducir gastos.

Un dato histórico sirve para contextualizar: el sistema de #préstamos estudiantiles federales nació en la década de 1960, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior.

A lo largo de los años, el programa se ha expandido y ha estado sujeto a cambios políticos y administrativos. El actual movimiento hacia la Tesorería se presenta como una evolución más en una larga discusión sobre cómo equilibrar la responsabilidad fiscal, la eficiencia administrativa y la protección de los prestatarios.

En resumen, la anunciada transferencia de tareas a la Tesorería podría traducirse en una gestión de cobros más profesional y, en teoría, más barata para el conjunto de la ciudadanía.

Pero, a medio plazo, habrá que vigilar de cerca qué impacto tiene en los prestatarios, especialmente en los que están en default o cerca de él, y cuánto tarda en traducirse en cambios prácticos en la experiencia de los deudores y en las condiciones de los programas de alivio o rehabilitación.

La esperanza, para muchos observadores, es que la transición sea suave y que el nuevo marco amplíe las vías de salida para quienes han acumulado deudas significativas, sin que se pierda de vista la estabilidad financiera del sistema y la responsabilidad de quienes debían pagar.