Autorizan a diez CCAA a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo
El Gobierno ha autorizado a diez Comunidades Autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a diversas #Comunidades Autónomas para llevar a cabo operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo.
Las diez regiones beneficiadas por esta #autorización son: Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cantabria y Cataluña.
En el caso de la Comunidad de Madrid, se le ha autorizado a formalizar operaciones de #deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 4.862,1 millones de euros. La Comunidad destinará 2.960,85 millones de euros para financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y del organismo autónomo mercantil Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha solicitado la renovación de las condiciones financieras de la financiación a corto plazo en el marco del convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros de tesorería, por un importe total de 1.846,25 millones de euros.
En el caso de Castilla y León, se ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 2.863,5 millones de euros. Esta comunidad ha solicitado autorización para llevar a cabo operaciones de deuda a largo plazo por un importe de 1.563,5 millones de euros, destinados a las amortizaciones de deuda a largo plazo. Asimismo, se ha solicitado autorización para operaciones de deuda a corto plazo por un importe total de 1.300 millones de euros.
Galicia ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 2.302,7 millones de euros. De este importe, 1.407,75 millones de euros se corresponden con el importe de las amortizaciones de deuda a largo plazo. Además, se ha autorizado a refinanciar o formalizar nuevas operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 895 millones de euros.
Se ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 1
En cuanto a Asturias, se ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo por un importe máximo de 1.558,1 millones de euros. De este importe, 592,69 millones de euros se corresponden con el importe de las amortizaciones de deuda a largo plazo. Por otro lado, se ha solicitado autorización para operaciones de deuda a corto plazo por un importe total de 935,6 millones de euros.
Castilla-La Mancha ha recibido autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 765 millones de euros. Esta cantidad se destinará a atender los vencimientos de las líneas de crédito a corto plazo y a cubrir las necesidades transitorias de tesorería.
Baleares, por su parte, ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 700 millones de euros. Esta cantidad se distribuirá entre la cobertura de desfases transitorios de tesorería de la Administración General y la Agencia Tributaria de Baleares.
El Gobierno ha también autorizado a País Vasco a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 708,8 millones de euros. Estos recursos serán destinados a financiar los vencimientos de deuda de la Comunidad Autónoma y entes dependientes. Por su parte, La Rioja ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 166,3 millones de euros, mientras que Cantabria recibió autorización por un importe máximo de 150 millones de euros.
Finalmente, Cataluña ha obtenido autorización para operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 77 millones de euros, que serán destinados a atender los vencimientos de deuda a corto plazo y operaciones de las universidades públicas de la Comunidad.
Es importante destacar que todas estas autorizaciones tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, y se enmarcan en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
