La liberación de Nahuel Gallo vincula a un dirigente chavista con intereses en PDVSA y en el fútbol venezolano

Detrás de la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo, hay indicios de que un dirigente cercano al chavismo habría actuado como intermediario por sus vínculos con un régimen controvertido.

En ese esquema aparece Jorge Andrés Giménez Ochoa, un venezolano de 38 años nacido en una familia de recursos y que estudió administración de empresas en un postgrado de la Universidad de Georgetown.

Tras regresar a Venezuela, asumió la responsabilidad de Deportivo Lara y, con el tiempo, su perfil fue ganando relevancia dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) mientras, según el relato, el organismo mantuvo vínculos con #PDVSA y con los CLAP, programas de abastecimiento que operaban bajo la ambigüedad del régimen de Nicolás Maduro.

En la narrativa que circula entre analistas y algunas fuentes periodísticas, Giménez Ochoa habría ingresado a la esfera deportiva como accionista de Deportivo Lara junto a su tío Silvio Ochoa, cuando aún se le conocía por un apodo que, en ciertos círculos, los identificaba como parte de una nueva generación de empresarios vinculados al chavismo.

Aunque su juventud contrastaba con la larga historia de la institución deportiva, su ascendencia y formación internacional le permitieron abrir puertas en el mundo del #fútbol venezolano.

En ese periodo, cuando #Venezuela atravesaba una profunda crisis económica, el protagonismo de Giménez creció y se sumó a una agenda de cambios institucionales en la FVF.

El ascenso coincidió con vínculos públicos entre Delcy Rodríguez, entonces figura clave del gobierno de Nicolás Maduro y funcionaria de alta jerarquía, y líderes de la federación.

En un viaje a Madrid que generó controversia, #Delcy Rodríguez se reunió con autoridades de España sin pasar por los controles migratorios habituales, un episodio que se comenta en diferentesrincones de la #política y el deporte.

A partir de ahí, algunos observadores sostienen que Giménez Ochoa habría actuado como su ahijado político, consolidando una relación que, según el discurso de la época, buscaba garantizar una presencia profesional de Venezuela en el fútbol internacional, a la par que se fortalecían los lazos entre el fútbol y las políticas de apoyo a ciertos sectores de la economía venezolana.

Con el fallecimiento de Jesús Berardinelli en agosto de 2020 y el interinato de Laureano González, las elecciones en la #FVF llevaron a Giménez al poder dentro de la estructura directiva.

En ese tramo, recibió elogios de Delcy Rodríguez, que en su momento habló de un crecimiento institucional que permitiría a Venezuela “tener voz profesional” en el escenario global del fútbol.

En esa misma etapa, Giménez viajó nuevamente con Rodríguez, supuestamente en busca de financiamiento para enfrentar la crisis sanitaria y económica que golpeaba al país.

Diversas fuentes señalan que Giménez estuvo involucrado en intrigas que rodeaban a los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) y a Tareck El Aissami, ex presidente de PDVSA, en una red que, según críticos, entrelazaba intereses políticos y empresariales.

Un analista de seguridad señaló que el dirigente de la FVF mostraba una deuda con PDVSA de un monto cercano a 1

En una red social, un analista de seguridad señaló que el dirigente de la FVF mostraba una deuda con PDVSA de un monto cercano a 1.200 millones de dólares y destapó la posibilidad de operaciones poco transparentes vinculadas a la exportación de crudo. En esa cronología, la figura de Iván Simonovis también apareció públicamente, describiendo al líder de la FVF como uno de los actores más cuestionados del entorno madurista, con afirmaciones que sugerían riesgos de fraude y de movimientos sospechosos dentro de la industria petrolera.

La relación de Giménez con otros referentes del fútbol argentino —como José Néstor Pekerman, Fernando Batista y Fabricio Coloccini— apuntaló su estrategia para contratar entrenadores para las selecciones venezolanas, una táctica que no estuvo exenta de desagrado cuando los resultados no respaldaron las expectativas.

Tras dos años al frente de la Mayor, surgieron críticas sobre el manejo institucional y la gestión de las selecciones, lo que desencadenó tensiones en el seno de la Federación.

La semana pasada, Giménez y Claudio Tapia coincidieron en #Barranquilla durante la apertura del Centro de Alojamiento para las Selecciones de Colombia, evento al que acudieron dirigentes de la Conmebol.

Al cierre de ese encuentro, se habló de ultimar los términos para la salida de Gallo de Venezuela, un movimiento que dejó entrever la compleja red de alianzas que rodea al fútbol y la política en la región.

La escena también estuvo marcada por un episodio polémico: un intento de obtener una foto junto al gendarme al pie del avión terminó frustrado por la negativa de un juez, Diego Amarante, que investigaba el supuesto incumplimiento de aportes de seguridad social, una noticia que, en ese momento, alimentó especulaciones sobre mas allá del plano deportivo.

En paralelo, una afirmación de la prensa deportiva argentina mostró cómo la visita parecía responder a otras inauguraciones, como las obras de la FVF en Barquisimato, y dejó entrever una conectividad entre actores de distintos países.

El contexto histórico de estas relaciones deja claro que la gestión del fútbol venezolano ha atravesado por años tensiones entre intereses deportivos y políticos.

En la década anterior, PDVSA desempeñó un rol importante en el financiamiento y las infraestructuras deportivas, y la distribución de recursos en CLAP mostró que algunos proyectos deportivos estuvieron vinculados a políticas de apoyo social y de control económico.

Aunque las circunstancias pueden describirse de distintas formas, lo cierto es que la narrativa que rodea a Gallo y Giménez Ochoa ofrece una foto de un fútbol venezolano que buscaba sobrevivir a un entorno político muy complejo, con actores influyentes que, según las crónicas, cruzaron fronteras entre el deporte y la política para intentar influir en decisiones institucionales de alto impacto.

En torno a estos hechos, la conversación pública hoy se centra en la necesidad de transparencia, supervisión y gobernanza institucional para evitar que intereses extradeportivos afecten el desarrollo del fútbol en Venezuela.

En cifras aproximadas, el contexto económico que rodea estas operaciones, según las estimaciones citadas, implicaría costos cercanos a 1.104 millones de euros de deuda sacada a colación por analistas, basados en una supuesta deuda de 1.200 millones de dólares; asimismo, una referencia de valor de mercado sería de aproximadamente 58 millones de euros para un supuesto bloque de 1 millón de barriles de crudo, equivalente a US$63 millones, según las conversiones de divisa actuales.

Estas conversiones pretenden aportar una lectura comparativa, sin perder el foco en que se trata de un tema complejo donde política, economía y deporte se entrelazan de forma constante.

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