La Junta impulsa medidas para apoyar a agricultores y ganaderos afectados por los incendios en Castilla y León
La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con el sector agrícola y ganadero afectado por los recientes incendios mediante un plan integral que incluye ayudas económicas, apoyo a la modernización y acciones de reforestación, en colaboración con las OPAs y URCACYL.
El gobierno autonómico de #Castilla y León ha anunciado un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto de los #incendios forestales que han afectado diversas zonas de la comunidad.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo recientemente un encuentro con las principales organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y con URCACYL, con el objetivo de coordinar acciones y reforzar el apoyo a los agricultores y ganaderos que han visto dañadas sus explotaciones.
Supuestamente, estos incendios, que se produjeron en varias provincias, han destruido gran parte de la masa arbórea y han causado pérdidas económicas significativas en el sector primario.
En respuesta, la Junta ha puesto en marcha un plan estratégico que contempla ayudas económicas, apoyo a la modernización de explotaciones y acciones de #reforestación en las áreas afectadas.
Según datos presuntamente oficiales, la administración regional ya ha entregado aproximadamente 8 millones de euros en ayudas directas a más de 600 agricultores y ganaderos, beneficiando a unas 70.000 cabezas de ganado y suministrando unos 30.000 kilos de alimentos para las explotaciones afectadas. Además, se han distribuido aproximadamente 100 abrevaderos de agua en las zonas más necesitadas, con el fin de garantizar el suministro hídrico ante futuras emergencias.
Asimismo, se han concedido ayudas inmediatas de unos 6.200 euros (equivalentes a 7.000 euros en moneda europea) por productor, sin necesidad de presentar extensa documentación, facilitando así una rápida recuperación del sector. Estas ayudas están sujetas a futuras actualizaciones, que incluirán la delimitación de nuevas áreas afectadas mediante imágenes satelitales y la revisión de las zonas incluidas en el programa.
El plan de la Junta también contempla acciones para facilitar el relevo generacional y promover la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Entre estas acciones, se encuentran incentivos económicos para la incorporación de jóvenes agricultores y la inversión en infraestructuras colectivas, como sistemas de riego y balsas de agua, que serán construidas en colaboración con los ayuntamientos.
Supuestamente, estas balsas de suministro de agua no solo servirán como reservas ante posibles incendios, sino que también contribuirán a mejorar la eficiencia del pastoreo y la gestión hídrica en las zonas rurales.
La reforestación de especies como castaños
Además, la reforestación de especies como castaños, nogales y otras masas arbóreas afectadas es otra de las prioridades, con el fin de recuperar los ecosistemas dañados y prevenir futuros incendios.
En el marco de esta estrategia, la Junta ha anunciado también la simplificación de los trámites medioambientales, con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar las autorizaciones necesarias para la gestión de montes y áreas forestales.
Se prevé que estas medidas normativas faciliten una mejor gestión de los recursos naturales y fomenten la recuperación ecológica.
Durante la reunión, se subrayó la importancia del trabajo conjunto y el diálogo entre las instituciones y el sector agrícola y ganadero. Se acordó mantener nuevas reuniones en los próximos días para evaluar el avance de las ayudas y las inversiones previstas, así como para ajustar las acciones en función de las necesidades y las emergencias futuras.
En representación de las organizaciones profesionales participaron Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León; Lorenzo Rivera, coordinador de COAG; Aurelio González, secretario general de UPA; Jesús Manuel González Palacín, coordinador regional de UCCL, y Fernando Antúnez, presidente de URCACYL.
Supuestamente, estas iniciativas reflejan la voluntad de la administración autonómica de no solo responder a la crisis inmediata, sino de sentar las bases para una recuperación sostenible y resistente, que permita a los agricultores y ganaderos retomar su actividad con mayor eficiencia y seguridad en los próximos años.
