¡Zaragoza echa un cable a los contribuyentes! Exige al Gobierno 313.000 euros por la regularización exprés de inmigrantes

El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el Partido Popular, no se ha quedado callado. Mañana aprobará una reclamación formal al #Gobierno de España para que le pague los 313.369,21 euros que ha tenido que gastar de más por culpa del #Real Decreto 316/2026, esa norma que el Ejecutivo central aprobó para regularizar a inmigrantes sin papeles.

Y ojo, porque el consistorio zaragozano no se ha limitado a pedir el dinero; también se ha quejado de que el Estado les ha colado una competencia que no les toca, sin darles ni un duro para hacerla.

Vamos a verlo con calma. El Real Decreto en cuestión puso en marcha un proceso extraordinario para que inmigrantes en situación irregular pudieran obtener permisos de residencia.

Pero para ello, los ayuntamientos tenían que emitir unos informes llamados de vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Básicamente, un papel que dice si el inmigrante está en una situación de especial necesidad, como problemas económicos, de salud o de integración.

El problema es que esa tarea no es competencia de los municipios, sino del Estado. Sin embargo, el Gobierno central, en su afán de solucionar el problema migratorio, se lo encargó a los ayuntamientos sin darles ni una instrucción clara, ni un criterio técnico definido, y por supuesto, sin un euro.

Así que el Ayuntamiento de Zaragoza, con su alcalde a la cabeza, ha tenido que echar mano de su propio presupuesto para montar un operativo especial.

Según los cálculos del consistorio, entre el 16 de abril y el 30 de junio, los servicios sociales municipales emitieron 3.035 informes de vulnerabilidad. Para atender a esa avalancha, tuvieron que reforzar el personal administrativo y organizativo, lo que supuso un gasto de 149.494,56 euros en la parte de gestión y otros 163.874,65 euros en la parte social, haciendo un total de 313.369,21 euros.

El Gobierno de #Zaragoza denuncia que el Real Decreto es una chapuza jurídica

Pero esto no es solo una cuestión de dinero. El Gobierno de Zaragoza denuncia que el Real Decreto es una chapuza jurídica. No define bien qué se considera vulnerabilidad, obliga a los ayuntamientos a hacer cosas que no son suyas, y genera una carga burocrática y económica que rompe los principios de seguridad jurídica y lealtad institucional.

Vamos, que el Estado se ha lavado las manos y ha pasado la patata caliente a los municipios.

Y lo peor es que el Gobierno central no ha respondido a las preguntas del Ayuntamiento. El consistorio ha pedido aclaraciones sobre si los servicios sociales municipales eran los competentes para emitir esos informes, qué criterios aplicar, si el Estado iba a pagar algo, o si iban a ampliar plazos.

Pero ni caso. Por eso, el Ayuntamiento ha decidido dar un paso al frente y reclamar formalmente el dinero, con la amenaza de ir a los tribunales si no les pagan.

Esto no es nuevo. Otros ayuntamientos de España han protestado por esta medida. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias ya ha criticado la falta de financiación. Pero Zaragoza va un paso más allá: exige el dinero que le corresponde y se reserva el derecho de demandar al Estado. Es una cuestión de justicia y de responsabilidad. Los zaragozanos no tienen por qué pagar los platos rotos de una decisión del Gobierno central que no ha contado con nadie.

En resumen, el Ayuntamiento de Zaragoza le dice al Gobierno de España: 'Oiga, usted ha creado este lío, pues páguelo'. Y mientras tanto, los contribuyentes zaragozanos pueden estar tranquilos de que su #ayuntamiento defiende su dinero y sus intereses. Porque al final, de eso se trata: de que el Estado no se aproveche de los municipios para salir del paso sin asumir sus responsabilidades.